Oficinas de abogados representantes de familiares de más de 100 víctimas de la tragedia reactivaron hoy las negociaciones con el Estado, apuntando a una indemnización que permita cerrar el proceso.
Hasta dependencias del Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegaron este lunes abogados representantes de familiares de más de 100 víctimas del megaincendio del 2 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, con el objetivo de reactivar las negociaciones por una reparación integral para damnificados y sobrevivientes. La instancia permitió retomar el diálogo con el organismo, abriendo la puerta a una nueva propuesta de indemnización.
El abogado Felipe Olea, quien representa a familiares de más de 65 fallecidos, valoró el encuentro y señaló que “hoy día hemos recibido una verdadera luz de esperanza”, destacando que el CDE manifestó disposición a continuar el proceso, para lo que solicitaron que se formulara una nueva propuesta de reparación en favor de los afectados de esta tragedia, la que será presentada por los equipos jurídicos durante los próximos días.
En esa línea, Olea aclaró que “la nueva propuesta consiste en buscar un acercamiento económico. No se trata de transar números, porque estamos frente a un daño moral sin precedentes. Fue el Estado de Chile, en una verdadera vulneración de derechos humanos, quien acabó con la vida de estas personas, y por lo mismo no se puede escatimar a la hora de reparar. Cuando el Estado falla, tiene que responder y reparar con cifras significativas”.
Por su parte, la abogada Silvia Mena, quien es también vecina de Villa Independencia afectada por el megaincendio, señaló tras la reunión que “aquí no solo hubo pérdidas, hubo personas que vivieron el horror, que encontraron a sus familiares y han tenido que seguir viviendo en esos mismos lugares, eso es revictimización”. Además, subrayó la ausencia de apoyo estatal: “No han tenido ni salud mental, ni reparación, ni reconocimiento en todo este tiempo”.
En tanto, el abogado Raúl Meza sostuvo que el caso debe ser tratado como un hecho excepcional, incluso más grave que otros precedentes: “El daño moral aquí es incomparable, no tiene parangón, ni siquiera con casos como Antuco. Aquí no hay solo aspectos jurídicos, también hay una dimensión moral y política: hubo autoridades que tomaron decisiones negligentes que pudieron evitar la pérdida de vidas. El Estado debe reconocer esa responsabilidad y actuar en consecuencia”, afirmó.
Desde los afectados, Romina Leiva, quien perdió a cuatro familiares en la tragedia en el sector de Villa Independencia, señaló que “nadie quisiera estar presionando al Estado para que repare un daño que se pudo haber evitado. Necesitamos que esto marque un precedente en la historia de Chile y que el Estado se haga cargo”. En esa línea, enfatizó en que “perdimos a nuestros seres queridos, nuestras casas, nuestras mascotas, y todos los días para nosotros, en algún momento, sigue siendo 2 de febrero. Este proceso nos revictimiza constantemente y mantiene abierto un duelo que no hemos podido cerrar”.
Mientras que Claudio Ugalde, vecino de Villa Independencia, precisó que “han sido más de dos años de revictimización. Estamos cansados, abatidos, y necesitamos que esto se cierre”. Asimismo, dio cuenta del abandono que han enfrentado: “Nadie se acercó a darnos apoyo psicológico, ni siquiera en los momentos más duros. Hemos estado solos en este proceso, salvo por los abogados (…) Este ha sido un camino largo, doloroso, que no nos ha permitido cerrar este círculo. Necesitamos que esto termine para poder empezar a sanar”.
Los equipos jurídicos confirmaron que en los próximos días presentarán una nueva propuesta al CDE para avanzar en un acuerdo que permita una reparación oportuna para las familias.
