El parlamentario advirtió dudas sobre la legalidad de modificar un convenio de inversión pública ya comprometido y alertó por los impactos en movilidad, seguridad vial y calidad de vida en Santiago.
El diputado Jaime Bassa Mercado ofició al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que informe en detalle sobre la situación del convenio de programación del proyecto Nueva Alameda-Providencia, particularmente la tercera etapa de la ciclovía que atraviesa las comunas de Lo Prado y Estación Central, luego de que se anunciaran eventuales recortes y reasignaciones presupuestarias.
La solicitud surge tras declaraciones del ministro de Vivienda en la Comisión de Vivienda de la Cámara, donde señaló que gran parte del presupuesto del sector estaría comprometido por deudas previas, lo que obligaría a realizar ajustes que podrían afectar proyectos ya aprobados. Entre ellos, el tramo de ciclovía contemplado en la remodelación de la Alameda, que cuenta con financiamiento asignado para 2026 y 2027.
En ese contexto, el diputado Bassa fue enfático: “Lo que estamos pidiendo es algo básico: que el Gobierno explique con claridad si va a cumplir el convenio de inversión pública comprometido. Aquí no solo hay un problema presupuestario, hay una cuestión de legalidad y de cómo el Estado responde a compromisos ya adquiridos”.
El parlamentario aclaró que: “los convenios de programación entre gobiernos regionales y ministerios tienen carácter obligatorio. Por ello, solicitamos información detallada sobre el estado de ejecución del proyecto, los fundamentos jurídicos de una eventual suspensión, el detalle de las reasignaciones presupuestarias y los impactos que podría generar su paralización en materia de movilidad urbana y seguridad vial. Los compromisos del estado no son opcionales”, dijo Bassa.
Asimismo, pide conocer la coordinación con el Gobierno Regional Metropolitano y un cronograma actualizado de la iniciativa, junto con informes técnicos sobre los efectos que tendría detener este tramo, especialmente para peatones y usuarios de ciclos.
Desde la sociedad civil, la directora del Movimiento Furiosos Ciclistas, Carolina Oyarzún, advirtió que “la conectividad no es un lujo, es dignidad y seguridad vial. Estamos hablando de un eje que registra más de 6,0 viajes diarios, con jornadas que superan los 7,0 desplazamientos, lo que demuestra una necesidad social indiscutible”.
Agregó que “los datos son categóricos: cuando existe infraestructura, el 93,5% de los ciclistas la utiliza; pero sin ella, el 43,4% se ve forzado a circular por la vereda, multiplicando el riesgo para los peatones. Renunciar a este proyecto es renunciar también a 48 cruces peatonales, nuevos semáforos y luminarias, que son vitales para la ciudad”.
Finalmente, enfatizó que “lo mínimo exigible es claridad sobre qué se elimina y por qué. Las ciudades se construyen cumpliendo compromisos, no relativizándolos. Lo que está en juego hoy, más allá del cemento, es la confianza en nuestras instituciones”.
