Emitió un total de 5.700 licencias médicas falsas, lo que le permitió defraudar a las Isapres y al fisco en más de $ 300 millones de pesos.
La resolución la obtuvo la Fiscal Jefa de la Fiscalía de Investigación Especializada Centro Norte, Ximena Chong, tras acreditar que la médico María Patricia Niño Calderón emitió entre enero de 2020 y septiembre de 2021 alrededor de 5.700 licencias médicas falsas, lo que permitió defraudar a las Isapres y al fisco en más de $ 300 millones de pesos.
Atendido a que la profesional se encontraba en situación irregular en nuestro país, el tribunal ordenó que sufriera la pena sustitutiva de expulsión, lo que implica además, que contará con prohibición de ingreso a Chile por 10 años. Estas sanciones responden a la gravedad de los delitos cometidos, que incluyen el fraude de subvenciones en Fonasa y perjuicios a las Isapres, afectando el costo y la confianza en el sistema de salud.
De acuerdo con la investigación de la fiscal Chong, la investigación permitió establecer que la imputada emitió aproximadamente 5.700 licencias médicas falsificadas entre los años 2020 y 2022. De este total, cerca de 3.500 licencias fueron emitidas a usuarios de Fonasa, lo que constituye el delito de fraude de subvención.
El resto de las licencias afectó a diversas Isapres. Inicialmente, la denuncia comenzó solo por 12 licencias vinculadas a una institución privada antes de descubrirse el volumen total.
Licencias falsas
Para determinar que las licencias médicas emitidas por la imputada eran falsas, la Fiscalía Centro Norte realizó una serie de diligencias, que incluyó los testimonios directos de pacientes que reconocieron no haber recibido atención médica que justificara el reposo.
También se hizo un análisis estadístico del comportamiento profesional de la imputada, que llegó a emitir más de 40 licencias médicas en un solo día. Aquí se determinó que el tiempo entre la emisión de una licencia y otra era mínimo, lo que hacía imposible que existiera un examen médico real para establecer un diagnóstico o la necesidad de reposo.
Un detalle extra que llamó la atención de la fiscal, es que prácticamente la totalidad de los pacientes que atendía la profesional requerían supuestamente de reposo. A esta inconsistencia se suma otra, que radica en que a pesar de ser médico general, el 80% de sus diagnósticos eran psiquiátricos y el resto diagnósticos traumatológicos.
Perjuicio al sistema
Según destacó la fiscal Chong, el daño causado al sistema por este tipo de prácticas es profundo y afecta diversos niveles. Dado que las instituciones de salud previsional pagan los subsidios por incapacidad laboral con el dinero de las cotizaciones de los demás afiliados, este fraude termina por encarecer los costos de la salud para todos los usuarios.
Este tipo de conductas generan a la vez un manto de duda sobre la totalidad de las licencias médicas. Esto provoca que las instituciones fiscalicen con un rigor mucho mayor, lo que puede derivar en externalidades negativas, como el rechazo de licencias que sí son legítimas.
Además, en el caso de Fonasa, cuando la cotización individual del trabajador no cubre el subsidio, es el Estado debe transferir fondos directos.
