La parlamentaria por el Distrito 9 ofició a diversas alcaldías para transparentar el uso de recursos en producción de eventos y arriendos, enfatizando que el dinero vecinal no debe financiar espectáculos políticos.
La diputada Javiera Rodríguez (PRep) inició una ofensiva fiscalizadora tras despachar una serie de oficios a distintos municipios de su zona. El objetivo es obtener un desglose detallado de los gastos ejecutados en las recientes cuentas públicas, ante las sospechas de un uso desmedido de recursos en actividades que se alejan del espíritu de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
La acción pone especial foco en comunas como Lo Prado, donde la parlamentaria solicitó formalmente el detalle de ítems presupuestarios en servicios generales y arriendos realizados entre 2023 y 2024. Según explicó Rodríguez, el objetivo es garantizar que cada peso invertido responda estrictamente a criterios de transparencia y sentido de urgencia.
Al respecto, la legisladora fue tajante en su crítica hacia la gestión de estos eventos, recalcado que “mientras muchas familias sufren para llegar a fin de mes, es inaceptable que algunos municipios malgasten recursos en alfombras rojas, artistas de lujo o plataformas para el proselitismo político. Las cuentas públicas deben ser un ejercicio de sobriedad y transparencia, no un espectáculo financiado por los vecinos”.
Rodríguez denunció, además, que diversos alcaldes habrían utilizado estas instancias institucionales para realizar un llamado explícito a no apoyar el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno. La diputada calificó este hecho como una instrumentalización grave, señalando que «es inadmisible que se utilicen recursos de todos los chilenos para montar escenarios de ataque político contra iniciativas de emergencia, desviando el foco de lo que debería ser una rendición de cuentas honesta hacia la comunidad».
Finalmente, Rodríguez recalcó que estos oficios son solo el primer paso para asegurar que las prioridades municipales estén alineadas con las necesidades reales de la comunidad, dejando fuera cualquier gasto que no aporte directamente al bienestar de las personas.
