Chile atraviesa una crisis que no entiende de fronteras geográficas. De norte a sur, nuestras aulas —espacios sagrados destinados al aprendizaje y la acogida— se han convertido en el epicentro de la incertidumbre. Más de 700 denuncias por amenazas de ataques y balaceras en colegios y universidades, estas últimas semanas, no son un dato menor; son el síntoma de una patología social que ha traspasado las puertas de nuestros establecimientos.
Agradecemos, con alivio, que ninguna de estas advertencias se haya materializado hasta hoy. Pero caer en la complacencia de esperar a que la tragedia ocurra para reaccionar sería una negligencia imperdonable. ¿Qué nos comunican estos jóvenes? Desde la neurociencia y la psicología, entendemos que la conducta no ocurre en el vacío. La adolescencia es un periodo crítico de reorganización en la corteza prefrontal, el centro de mando de la regulación emocional y el juicio. Cuando un estudiante lanza una amenaza, no estamos ante un simple acto disruptivo, sino frente a un grito de auxilio de una generación que no sabe cómo procesar su propia angustia.
Como bien advierte la doctora Amanda Céspedes, destacada médico neuropsiquiatra infanto-juvenil chilena, no enfrentamos una crisis aislada de «violencia escolar», sino una violencia social que se ha infiltrado en el sistema. El agotamiento post-pandemia, la nula tolerancia a la frustración y la búsqueda desesperada de identidad, incluso a través de la infamia, explican parte de esta sintomatología.
Sin embargo, el esfuerzo heroico de los docentes y la gestión de las escuelas tienen un techo. La convivencia escolar es un tejido que se está deshilachando, y aunque la corresponsabilidad familiar y social es el eje rector, hay una pieza del engranaje que permanece oxidada y bloqueada: nuestra clase política.
Es imposible exigir a los jóvenes que aprendan a transar, a dialogar y a resolver conflictos si, al encender la televisión, ver redes sociales, ven a sus representantes atrapados en un eterno juego de trincheras. ¿Cómo podemos esperar que se construya una cultura de paz en las escuelas, cuando desde el Congreso observamos a parlamentarios priorizar egos, sesgarse en ideologías infranqueables y postergar proyectos de ley cruciales por cálculos electorales?
La salud de nuestras escuelas depende, en gran medida, de políticas públicas robustas y transversales. Pero el Legislativo parece haber olvidado que su labor es construir los cimientos del país. La negligencia en la aprobación de acuerdos legislativos que fortalezcan la salud mental y la seguridad educativa es, a estas alturas, una forma de violencia institucional. La incapacidad de nuestros parlamentarios para dejar de lado sus intereses personales, sentarse a conversar y llegar a puntos de encuentro, es un ejemplo nefasto para las nuevas generaciones.
Tenemos una oportunidad histórica para edificar un nuevo paradigma, pero esta reconstrucción exige que el poder político esté a la altura del desafío. No necesitamos más discursos polarizados; necesitamos una política pública que actúe con la premura que la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes demanda.
La invitación es clara: La convivencia, la empatía, el respeto y la seguridad son una construcción colectiva. Es momento de que el Congreso deje la trinchera y asuma su rol como garante del tejido social. Estamos a tiempo, pero el tiempo, en esta materia, es un recurso que se agota mientras el ego político sigue ocupando el lugar que debería pertenecerle a la ciudadanía.
