A través de un oficio, la parlamentaria cuestionó que la propuesta se haya presentado sin consultar con el Consejo Superior Laboral, lo que está expresamente establecido en la ley. El subsecretario de Trabajo arriesga sanciones.
El pasado 4 de mayo, el ministro del Trabajo ingresó la propuesta del Gobierno para reajustar el salario mínimo, la cual incluye un aumento de $7.500.
Sin embargo, durante su tramitación en la comisión de Trabajo se dio a conocer un hecho que tomó por sorpresa a los parlamentarios, cuando el ministro reconoció que la propuesta no se había consultado previamente con el Consejo Superior Laboral, cuestión que está expresamente establecida en la Ley 21.751, que reajusta el monto del salario mínimo.
Al respecto, la diputada Yeomans, integrante de la comisión de Trabajo, señaló que “el Ministerio del Trabajo incumplió la norma legal que establece la obligación del ministerio de, antes de presentar el proyecto de ley de salario mínimo al Congreso Nacional, presentarlo y escuchar a los distintos actores que forman parte del consejo superior laboral”.
La diputada del Frente Amplio agregó que la instancia no se reunió ni se le presentó la propuesta de salario mínimo. “El Consejo Superior Laboral está conformado por la organización de los trabajadores, de los empresarios, pymes, grandes empresas también del gobierno. Incumplir esa norma tiene que ser sancionado”, mencionó Yeomans.
Por lo anterior, la diputada decidió oficiar a la Contraloría, argumentando que el fin es que el órgano “nos diga su parecer, y así poder también fiscalizar que las normas se cumplan”, puntualizó.
En detalle, el oficio solicita al órgano contralor que requiera al Ministerio los antecedentes que acrediten si existió o no convocatoria al Consejo, que informe si existen registros, actas o citaciones formales al Consejo Superior Laboral en el período indicado, que señale si la omisión de esta consulta vicia el procedimiento administrativo o legislativo respectivo, que indique si dicha omisión podría afectar la validez del proyecto de ley presentado, que determine si existió incumplimiento de deberes por parte de las autoridades competentes, que evalúe si corresponde iniciar procedimientos disciplinarios o acciones de control y que indique qué tipo de responsabilidades podrían derivarse.
