El pasado martes 28 de abril, decenas de escolares del colegio General Velásquez, en Puchuncaví, resultaron intoxicados por la inhalación de gas ácido sulfhídrico, presentando síntomas que, lamentablemente, se han vuelto parte de la vida cotidiana en las comunas de Quintero y Puchuncaví: dolores de cabeza y abdominales, mareos y náuseas. No se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo episodio en una historia marcada por la exposición constante a contaminantes.
Un día antes, el Comité de Ministros aprobó el proyecto Hidrógeno Verde Bahía Quintero, impulsado por GNL. Al día siguiente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental de la desaladora Aconcagua, actualmente en fase de prueba, que busca duplicar la capacidad de producción de agua desalinizada en la zona. Estas definiciones se suman a la aprobación de Maratué -una de las primeras resoluciones del Comité de Ministros de la presente administración-, un proyecto que podría tener graves impactos y afectaciones sobre el valioso y único ecosistema de Quirilluca (en la comuna de Puchuncaví).
Estas decisiones del Ejecutivo profundizan la sensación de abandono y desprotección que experimentan las comunidades, reforzando la percepción de que el Estado pareciera olvidar que este no es un territorio yermo. En Quintero y Puchuncaví habitan más de 50 mil personas que, año tras año, se ven obligadas a respirar un aire contaminado cuya composición sigue siendo, en gran medida, desconocida para la población. A pesar de los planes de descontaminación anunciados por distintos gobiernos y de fallos judiciales como el dictamen de la Corte Suprema de 2019, la situación no solo no mejora, sino que amenaza con agravarse con la instalación de nuevos proyectos industriales.
Impulsar iniciativas como el hidrógeno verde en una zona ya saturada resulta irresponsable y además perpetúa graves vulneraciones a los derechos humanos. A la constante amenaza de intoxicaciones, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer e incluso problemas neurológicos y de desarrollo, se suma ahora el riesgo de incendios o explosiones en un territorio que ya concentra importantes depósitos de combustibles.
Tras años de promesas incumplidas y de una recuperación ambiental que no llega, el cansancio y la incertidumbre se han instalado en la vida de quienes habitan estas comunas. Hoy, incluso, comienza a surgir la necesidad de discutir alternativas extremas como un reasentamiento voluntario, que permita a las familias reconstruir sus vidas en condiciones dignas, equivalentes a las que existían en esta zona antes de la instalación del parque industrial.
Frente a este escenario, quienes firmamos este documento -habitantes, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos- exigimos al Estado un cambio de rumbo urgente: detener la aprobación de nuevos proyectos que aumenten la carga ambiental del territorio, garantizar la protección efectiva de la salud de la población y avanzar, de manera real y vinculante, en la recuperación ambiental de Quintero y Puchuncaví. No es aceptable seguir normalizando la vulneración sistemática de derechos en nombre del desarrollo. Aquí viven personas, y su dignidad debe ser resguardada.
Firman:
– Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Muzosare
– Greenpeace Chile
– Observatorio de Género y Equidad
– Patrimonio Vivo Costa
– Mujeres en Resistencia Chile
– Fuerza Social mental
– Mujeres en Resistencia Chile
– Fundación Ecosur
– Observatorio Ambiental Comunitario de Huasco
– Observatorio Ciudadano
– ARTYC STUDIO
– Fundación Chile Sustentable
– ONG We Kimün
– ONG Energía Colectiva
– Mujeres por el Buen Vivir
– Fundación Chile Sin Ecocidio
– Fundación Terram
