Hay grietas que no solo atraviesan muros, sino también oportunidades. En Chile, la infraestructura escolar se ha convertido en una herida abierta que, por años, hemos preferido cubrir con discursos antes que reparar con decisión. Hoy, esa herida habla: techumbres que gotean, baños insalubres, salas modulares que sustituyen lo permanente. No es solo deterioro material; es una señal profunda de cómo entendemos —o descuidamos— el derecho a la educación.
La evidencia es incómoda. Más del 40% de los establecimientos requiere mejoras significativas y, en territorios como Chiloé, más de la mitad de las escuelas presenta niveles críticos de deterioro. En comunas emblemáticas como Santiago, escuelas centenarias sobreviven más por inercia que por condiciones dignas.
La pregunta no es si lo sabíamos, sino por qué lo normalizamos. Como advierte la UNESCO, los entornos de aprendizaje influyen directamente en el bienestar y rendimiento de los estudiantes (UNESCO, 2021). Persistir en esta precariedad es, en los hechos, aceptar una educación de segunda categoría para quienes habitan la escuela pública.
Se ha instalado la idea de que la crisis es “silenciosa”. Pero el silencio, en este caso, no es ausencia de ruido: es ausencia de prioridad. Mientras se anuncian inversiones —sin duda necesarias—, el problema estructural permanece. Más de $421 mil millones entre 2022 y 2025 parecen insuficientes frente a décadas de abandono. La política pública ha operado bajo una lógica reactiva, parcheando emergencias, en lugar de proyectar una infraestructura para el aprendizaje del siglo XXI (Ministerio de Educación de Chile, 2023).
Aquí emerge una tensión que no podemos eludir: ¿qué tipo de educación declaramos y cuál sostenemos en la práctica? La Ley General de Educación plantea formar personas integrales, capaces de convivir, crear y participar activamente en la sociedad (Mineduc, 2009). Sin embargo, esa aspiración choca con aulas rígidas, espacios deteriorados y mobiliario que inmoviliza más que moviliza. Difícilmente se puede “aprender haciendo” en salas que apenas resisten la lluvia; ni “aprender con otros” en espacios que no permiten el trabajo colaborativo.
La OCDE ha sido clara: los sistemas educativos que avanzan son aquellos que diseñan entornos flexibles, inclusivos y estimulantes, donde el espacio físico potencia las metodologías activas (OCDE, 2022). Chile, en cambio, parece atrapado en una contradicción: promueve innovación pedagógica en contextos que la inhiben.
No se trata solo de construir más, sino de construir mejor. Espacios abiertos, talleres, bibliotecas activas como los CRA, colores que inviten a aprender, mobiliario que dialogue con el movimiento y la colaboración. La infraestructura no es un accesorio del currículo; es su condición de posibilidad.
La crisis deja de ser silenciosa cuando la nombramos con honestidad. Y, sobre todo, cuando entendemos que cada escuela deteriorada no es solo un edificio que envejece, sino un futuro que se posterga. Chile no necesita más diagnósticos; necesita decisión política, visión pedagógica y una convicción ética: que ningún niño o niña deba aprender en un lugar que no esté a la altura de sus sueños.
