Con el apoyo de un grupo transversal de parlamentarios, el diputado Tomás Kast (EVO), ingresó un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República establecer un procedimiento especial de exención parcial o total del pago de contribuciones para predios rurales ubicados en las regiones de La Araucanía y del Biobío que hayan sido afectados por atentados terroristas, ataques incendiarios y hechos de violencia rural durante los últimos diez años.
*Kast contó con el respaldo de los diputados Juan Carlos Beltrán (RN), Felipe Ross (PR), Diego Schalper (RN), Hotuiti Teao (UDI), Patricio Briones (PDG), Sara Concha Smith (PSC), Roberto Arroyo (PSC), Erich Grohs (PNL) y René Manuel García (RN).
El proyecto surge ante la persistencia de hechos de violencia en la macrozona sur y busca ampliar las medidas actualmente vigentes, considerando que la resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos en 2023 sólo contempla rebajas para predios ocupados, dejando fuera a cientos de propietarios que, pese a no haber sufrido tomas, viven en zonas catalogadas como de alto riesgo.
La propuesta sostiene que la inseguridad permanente ha impedido a numerosas familias desarrollar actividades productivas, habitar sus propiedades o realizar inversiones, debido al temor constante de sufrir ataques incendiarios o atentados armados. Además, advierte que la violencia ha provocado una fuerte devaluación de los terrenos y un menoscabo patrimonial no imputable a sus dueños.
El diputado Tomás Kast explicó que la medida busca entregar una señal concreta de apoyo a las víctimas de la violencia rural.“Hoy hemos presentado un proyecto de resolución para dejar exento de contribuciones a todos los predios que se ven afectados por el terrorismo, ataques incendiarios o vioelncia rural en la macrozona sur, en las Provincias de Arauco y en Malleco, sobre todo también en Cautín”.
El parlamentario agregó:“Porque vemos que el terrorismo le ha quitado el valor productivo a todos estos terrenos, que, al verse afectados por la violencia, por los incendios y los ataques que hay a las maquinarias, y a todas estas familias que viven en esa situación, pierden la posibilidad de pagar sus contribuciones”.
Asimismo, sostuvo que:“Creemos que es un deber mínimo del Estado, poder garantizar la seguridad, y, si no en subsidio de eso, al menos no cobrarles las contribuciones”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Beltrán destacó que la iniciativa responde a una realidad que afecta directamente a agricultores y familias de la zona.“Bueno, efectivamente, como representante de la región de La Araucanía, y que comunas tanto de Malleco como de Cautín, me he sumado a este proyecto que ha presentado nuestro colega, porque conozco muy de cerca a muchos agricultores que, lamentablemente, producto de los atentados, producto de la inseguridad, no pueden disponer de sus terrenos, y es injusto que se le entre cobrando contribuciones”.
“Así que espero que nuestro presidente, José Antonio de Kast, acoja esta medida y, objetivamente, podamos apoyar a muchos agricultores, tanto de Malleco como de Cautín, para quedar liberado de lo que son las contribuciones”, agregó luego.
En tanto, el jefe de bancada RN, Diego Schalper, recalcó que el Estado debe hacerse cargo de quienes han sido víctimas de la violencia en la macrozona sur. “Comprometerse con la seguridad no es solamente realizar gestión, sino que también hacerse cargo de las víctimas, ya que hay víctimas concretas que merecen el apoyo, así que apoyamos con fuerza, le dice a ti el diputado Kast, le hacemos un llamado al gobierno a ponerle urgencia, porque ahí es donde uno pone las prioridades”.
Por su parte, el diputado Erich Grohs, del Partido Nacional Libertario, afirmó: “Apoyamos a nuestro colega Kast en esta iniciativa, pero aquí lo más importante es hacer un llamado a nuestro Presidente para que acoja lo antes posible esta iniciativa que como Nacional Libertario vamos a respaldar”.
Finalmente, el diputado Hotuiti Teao (UDI) señaló que “existe una preocupación real por las familias y pequeños agricultores del Biobío y La Araucanía que llevan años viviendo en un contexto de violencia e inseguridad permanente. Muchas personas han visto cómo sus propiedades pierden valor, se paralizan proyectos y se hace cada vez más difícil desarrollar una vida normal en sectores marcados por atentados y ataques incendiarios.
Por eso creemos necesario avanzar en mecanismos de alivio tributario para quienes han sido afectados por esta situación, aun cuando no exista una ocupación directa de sus predios. El Estado debe ser capaz de reconocer el impacto económico y humano que provoca vivir bajo riesgo constante y entregar respuestas concretas a quienes hoy sienten abandono e incertidumbre.”
El texto presentado ante la Cámara también advierte que entre marzo de 2024 y marzo de 2026 se registró un promedio cercano a cinco atentados mensuales en la macrozona sur, incluyendo ataques incendiarios, usurpaciones, cortes de ruta y delitos asociados al uso ilegal de armas.
