El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que endurece las sanciones penales para delitos cometidos en contextos educativos, iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado.
La propuesta, aprobada por 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones en su votación general, establece como agravante penal la comisión de delitos contra integrantes de la comunidad educativa y al interior o en las inmediaciones de establecimientos educacionales.
La iniciativa surge en medio del creciente aumento de episodios de violencia en colegios y liceos del país, situación que ha generado preocupación entre docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
El parlamentario RN sostuvo que el avance de este proyecto representa una señal clara frente a los hechos de violencia que se han normalizado en distintos establecimientos educacionales.
“Hoy día aprobamos un nuevo proyecto de ley en la sala que agrava las figuras penales por delitos de violencia cometida en contextos educativos. Aquellos que atenten contra las personas o contra la propiedad, ya sea dentro de un establecimiento educacional, en sus inmediaciones, en el transporte escolar o en cualquier contexto relacionado con la educación, van a tener un agravante penal. Esto apunta a restablecer los establecimientos educacionales, las escuelas, los colegios, como un espacio de sana convivencia donde no es admisible ni permisible la violencia”, señaló el diputado Luis Pardo.
El proyecto también contempla aumentar en un grado las sanciones para delitos de amenazas, agresiones físicas y maltrato de obra cometidos contra profesionales y funcionarios de la educación, especialmente cuando sean perpetrados por apoderados o personas responsables de estudiantes.
Finalmente, el legislador señaló que esta iniciativa constituye un avance importante para recuperar la convivencia escolar y entregar mayores herramientas de protección a las comunidades educativas, particularmente a profesores y asistentes de la educación que han debido enfrentar episodios cada vez más graves de violencia al interior de los recintos educacionales.
