Viña del Mar tiene hoy una alcaldía que comunica mejor de lo que gobierna. Esa es, quizás, la síntesis más cuestionada de la gestión de Macarena Ripamonti: una administración en permanente campaña en redes, pero por debajo de esa alfombra digital se acumulan deudas, informes de Contraloría, reconstrucciones lentas, litigios laborales, y una Corporación Municipal que ha sido presentada como “saneada” pese que quienes allí laboran acusan que la calculadora municipal tiene favoritos.
Sé bien que el uso de las redes sociales forma parte de la comunicación. Sin embargo, una cosa es el uso y otra el abuso. La institución pública no es una productora de posicionamiento personal. Pasando a ser la gestión municipal y nuestra ciudad parte de una ciudad editada en Instagram, siendo el reel (video) más importante que la rendición de cuentas o decir la verdad al concejo municipal.
Incluso la Contraloría advirtió el uso reiterado de la imagen de la alcaldesa en invitaciones municipales y publicaciones en redes sociales, junto con observaciones por horas extras, registros de asistencia y contratos a honorario.
El caso del leaseback financiero es una buena muestra de esa distancia entre relato y realidad. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, bajo el gobierno de Gabriel Boric, autorizó una operación por $17.518 millones solicitada por la Municipalidad de Viña del Mar para enfrentar deuda previsional de corto plazo de la Corporación Municipal, creando una deuda que se pagará a largo plazo, obviamente ya no será esta administración, sino que las consecutivas, y quien realmente lo soportará será la ciudadanía.
Pagar cotizaciones es loable y obligatorio. Por eso: ¿cómo llegamos a naturalizar que se hipoteque la capacidad financiera municipal para cubrir obligaciones laborales básicas? Hacienda no debió mirar esta operación como una fórmula contable para oxigenar caja, provocando una mayor deuda futura. Lo que significa: patear hacia adelante el costo de años de desorden, con cargo a recursos públicos que no pertenecen ni a la alcaldesa, ni al Concejo, ni al gobierno de turno.
Y aquí aparece la pregunta que la administración no ha respondido con sus enérgicos reels: ¿cuánto de esa liquidez terminó efectivamente resolviendo el problema previsional y cuánto terminó operando como oxígeno político para sostener la gobernabilidad interna, el círculo de confianza y la narrativa de saneamiento? ¿dónde está la trazabilidad? Porque cuando una operación se vende públicamente como salvataje previsional, sus resultados deben ser verificables, hasta el último peso.
La Contraloría constató que la Corporación Municipal registraba, al 30 de septiembre de 2023, una deuda de $10.096 millones por cotizaciones previsionales y de salud, que al 31 de diciembre del mismo año aumentó a $11.871 millones. También señaló que, actualizada con recargos, la deuda ascendía a $15.720 millones; que existían eventuales pagos futuros por intereses, reajustes y recargos derivados de juicios; y que la Corporación no contaba con un mecanismo suficiente para controlar pagos parciales en demandas por cotizaciones, lo que impedía conocer con precisión los saldos pendientes en cada litigio.
La Municipalidad, por su parte, sostuvo que a mayo de 2025 no existía deuda previsional y que la administración actual pagó más de $71.600 millones en cotizaciones, incluyendo obligaciones de períodos previos. Eso merece ser contrastado públicamente con información judicial, contable y previsional completa, porque no cuadra con la realidad.
La tragedia del megaincendio hizo más evidente la fragilidad de esta administración. La Contraloría auditó ingresos y gastos municipales ejecutados entre febrero de 2024 y abril de 2025 con motivo de la emergencia, por un universo de ingresos de $2.478 millones y gastos por $2.824 millones.
El informe ordenó iniciar sumario administrativo por múltiples observaciones, indicó que el municipio no proporcionó 1.280 actas de entrega solicitadas y constató problemas en la entrega total de productos adquiridos o donados.
La alcaldesa podrá decir, que en una emergencia no se puede esperar a que la burocracia arme carpetas mientras las familias lo han perdido todo. Pero esa defensa, solo es un reconocimiento explícito a que no cumplió la Ley, porque durante una emergencia con mayor razón esta la obligación de controlar los recursos públicos y que estos no se esfumaran sin que nadie se percatara.
Mientras tanto, la administración impulsa obras de alto costo. Calle Valparaíso apareció como emblema de recuperación del centro: primero con financiamiento aprobado por $3.800 millones y luego con nuevas obras por más de $4.000 millones en el sector oriente. Quedando prácticamente igual. Lo mismo ocurre con el Palacio Carrasco y el parque inundable del estero Marga Marga. La Subdere financió solo en estudios más de $454 millones para la restauración del Palacio Carrasco, y el proyecto del Marga Marga se ha presentado como una transformación urbana de $7,8 millones de dólares.
Son iniciativas que pueden ser valiosas, pero el punto es otro: una ciudad golpeada por deudas, incendios, inseguridad, cotizaciones impagas y déficit de confianza ¿puede darse estos lujos? La respuesta es clara: No.
Viña no necesita una alcaldesa-influencer, sino una administración adulta. Y eso se hace con menos cámara y más gestión con rendición -y rendición de verdad-. La alcaldía es más que tener likes en sus reel de redes sociales.
Y ahí está el juicio político que Ripamonti no puede esquivar, y si los concejales no lo hacen, estoy seguro de que lo hará la ciudadanía en tres años más. Por lo que tiene tiempo para enderezar su administración para el bien de los vecinos, aunque sacrifique a los propios, como el círculo familiar y político de su ex jefe, el diputado Jorge Brito.
