Con más de 60 puntos de bloqueo en las principales carreteras y dos víctimas fatales confirmadas, diversos sectores sociales presionan por la renuncia del presidente Rodrigo Paz tras seis meses de gestión.
El conflicto, que comenzó con demandas sectoriales y económicas, ha derivado en una exigencia política unificada por parte de los movilizados, quienes reclaman la renuncia inmediata del mandatario Rodrigo Paz bajo un clima de creciente tensión y desabastecimiento.
La conflictividad está impulsada por una amalgama de sectores que, aunque mantienen agendas propias, coinciden en su rechazo a la administración actual.
La Federación de Campesinos del Altiplano de La Paz encabeza los cortes de ruta, sumándose a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige un incremento salarial del 20 % y se opone al cierre de empresas estatales deficitarias.
A este escenario se han integrado los maestros rurales, quienes también demandan mejoras económicas y la restitución de subsidios de frontera, junto con grupos indígenas de la Amazonía que inicialmente marcharon durante 24 días desde Pando en rechazo a una polémica normativa agraria.
La radicalización de las posturas ha cerrado las puertas a los intentos iniciales de negociación, según confirmaron a diarios bolivianos los propios representantes de las bases movilizadas en El Alto.
“Queremos que se vaya. Ya no queremos diálogo”, ha dicho al respecto el dirigente Jaime Condori, según recoge un reporte de la agencia de noticia EFE.
Por su parte, el sector del transporte pesado y los mineros cooperativistas han expresado su malestar por la escasez y la mala calidad del combustible, advirtiendo que sus actividades están al borde del colapso.
Mientras los choferes denuncian daños en sus motores, los mineros exigen la provisión permanente de insumos básicos para su trabajo, sumando presión a un Gobiernoque ya enfrenta proyecciones económicas de decrecimiento para el presente año.
El impacto económico y humano de la parálisis
Las consecuencias de los bloqueos son devastadoras tanto para la economía boliviana como para la seguridad de la población civil.
Según reportes de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, aproximadamente 5000 camiones de alto tonelaje se encuentran varados en las carreteras, transportando desde combustible y animales vivos hasta productos de exportación como la soya. Estas unidades se encuentran varadas en vías entre las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro.
Este sector reporta pérdidas diarias que superan los 720,000 dólares, una cifra que se suma a los 150 millones de bolivianos que el sector turístico ha dejado de percibir desde el inicio de las medidas de presión.
La crisis ha cobrado ya dos vidas de manera indirecta debido a la imposibilidad de recibir auxilio médico oportuno por los cortes de ruta.
El Gobierno informó inicialmente el deceso de Anna Enns, una turista de Belice de 56 años, en la localidad de Desaguadero, y posteriormente se reportó la muerte de una mujer de 40 años que era trasladada desde la zona de Guanay en ambulancia.
Ante la magnitud del conflicto, el presidente Rodrigo Paz ha intentado desactivar algunas de las protestas mediante la abrogación este miércoles de la Ley 1720, una norma de tierras que era el principal reclamo de los sectores indígenas y campesinos de la Amazonía.
El mandatario defendió esta decisión como un ejercicio democrático y llamó a la construcción de una nueva normativa basada en el consenso con todos los actores involucrados.
“Qué significa la palabra abrogación, eliminación, ya no existe. Se acabó esa Ley”, sostuvo el mandatario Rodrigo Paz en su intento de apaciguar las protestas.
Sin embargo, en el plano de la seguridad, la postura del Ejecutivo se ha endurecido con el anuncio de intervenciones policiales en los puntos de bloqueo.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que ya se han iniciado operativos para liberar rutas clave. “Se va a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país”, anunció el alto mando. .
Paralelamente, el Ministerio Público ha advertido que no permitirá que los intereses sectoriales vulneren los derechos de la mayoría de los ciudadanos.
El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, adelantó que se iniciarán procesos penales y civiles contra quienes promuevan medidas que atenten contra la paz social y la integridad de las personas, instando al mismo tiempo a las partes en conflicto a retomar las vías del diálogo para evitar que la crisis continúe escalando.
