Más de diez organizaciones de Puente Alto y la zona límite con La Florida, acompañados por la concejala Pola Montoya, firmaron una carta dirigida al Gobernador Claudio Orrego para exigir financiamiento para el Parque Intercomunal La Salle.
Mientras la diputada Ana María Gazmuri, presentó un proyecto de ley para fortalecer el cumplimiento efectivo de mitigaciones en proyectos inmobiliarios. Dirigentas y dirigentes de diversas juntas de vecinos del sector suroriente de Puente Alto y la zona límite con La Florida iniciaron un proceso de articulación territorial junto a la diputada Ana María Gazmuri y su equipo para enfrentar la crisis de conectividad, seguridad, infraestructura y planificación urbana que afecta históricamente al sector.
La coordinación reúne representantes del Movimiento Levantemos Parque la Salle, quienes llevan años trabajando por la protección y creación del primer Parque Intercomunal para la zona. Además de dirigentes de Villa Portezuelo, Ciudad del Este, Manque Rucalhue, Villa El Alba y otras organizaciones sociales y comunitarias.
También se hizo presente la concejala Pola Montoya. Todos los presentes firmaron una carta dirigida al Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego, solicitando asegurar el financiamiento para la creación del Parque Intercomunal La Salle y proteger las últimas 61 hectáreas verdes disponibles entre Puente Alto y La Florida.
Las organizaciones advirtieron que el sector enfrenta una crisis estructural derivada del crecimiento urbano acelerado y sin planificación, con infraestructura vial colapsada, aumento de delitos violentos, déficit de áreas verdes y una profunda sensación de abandono institucional.
La diputada Ana María Gazmuri, señaló: “aquí hay comunidades completas viviendo las consecuencias de una expansión urbana sin planificación. Familias atrapadas en tacos permanentes, barrios sin áreas verdes suficientes y vecinos que sienten que el crecimiento inmobiliario ocurre sin considerar su calidad de vida”.
Como parte del trabajo levantado junto a las comunidades, la parlamentaria presentó un proyecto de ley que busca fortalecer el cumplimiento efectivo de medidas de mitigación en proyectos inmobiliarios, evitando que las empresas eludan sus obligaciones mediante modificaciones o fragmentación de proyectos. La iniciativa establece que las mitigaciones deberán ejecutarse antes o de manera simultánea a las obras y fortalece las facultades para fiscalizar y exigir su cumplimiento efectivo.
“No puede seguir ocurriendo que las inmobiliarias construyan miles de viviendas mientras las comunidades quedan con calles colapsadas, infraestructura insuficiente y promesas de mitigación que nunca se cumplen. El desarrollo urbano tiene que hacerse con responsabilidad y pensando en las personas”, indicó Gazmuri.
Entre las principales problemáticas levantadas por las organizaciones se encuentran la congestión permanente en accesos como Diego Portales, El Peral y Las Perdices; el riesgo de aislamiento ante emergencias; déficits de infraestructura sanitaria; inseguridad; y el incumplimiento de mitigaciones comprometidas por empresas constructoras.
Las comunidades alertaron además sobre el impacto que podría generar la construcción de miles de nuevas viviendas asociadas a futuros procesos de densificación urbana y a una eventual expansión de Metro, en un territorio que actualmente opera bajo un plan regulador vigente desde 2002.
“Lo que estamos construyendo junto a las organizaciones es una articulación territorial para exigir soluciones reales. No se trata solo del Parque La Salle, sino del derecho de las familias del sector suroriente a vivir en barrios más dignos, seguros y con planificación adecuada”, agregó la diputada.
Como parte de la hoja de ruta acordada, la diputación impulsará mecanismos de fiscalización sobre mitigaciones pendientes de empresas constructoras, revisará posibles irregularidades normativas vinculadas a proyectos inmobiliarios y realizará gestiones ante organismos competentes para abordar problemáticas urgentes de luminarias, infraestructura sanitaria y seguridad vial.
La conformación de esta alianza territorial marca uno de los procesos de articulación vecinal más amplios de los últimos años en el sector suroriente de Santiago y busca instalar en el debate público la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano más equilibrado, transparente y con participación ciudadana efectiva.
