Mientras el debate urbano se concentra en las pistolas Taser, el presidente de los Municipios Rurales Rodrigo Contreras reveló que hay comunas rezagadas que no tienen internet ni electricidad para instalar cámaras de vigilancia. Tras el ataque que mantiene grave a un inspector en Curacaví, la asociación urgió al Gobierno a habilitar la sincronización de datos de vehículos robados de forma inmediata advirtiendo que el campo no puede esperar a agosto.
Un severo llamado a mirar las profundas asimetrías que fracturan la seguridad pública en las zonas agrícolas de Chile realizó hoy la Asociación de Municipios Rurales (AMUR). El emplazamiento surgió tras la presentación del diagnóstico técnico ante el Ministerio de Seguridad Pública, en el marco del nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Si bien la discusión se centró en la implementación de armas menos letales como las pistolas Taser, desde la organización del agro advirtieron que la realidad de las comunas rurales es dramáticamente distinta y requiere soluciones estructurales urgentes que no pueden postergarse hasta agosto, mes en que entra en vigencia la nueva normativa.
«El crimen organizado, los delitos comunes, hoy en día encuentran un lugar de refugio y ocultamiento en los municipios rurales» expresó el presidente de la asociación y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, al señalar el peligro geopolítico que enfrentan las zonas agrícolas. La autoridad explicó que estos territorios corren el riesgo de transformarse en sectores de descarte y repliegue de bandas criminales debido precisamente a la falta de institucionalidad, infraestructura y apoyo estatal.
Desde el gremio describieron una desconexión total entre las exigencias del nuevo marco legal y las capacidades materiales de los valles productivos. «Tenemos municipios rurales donde, por ejemplo, ni siquiera existe una flota de vehículos o de inspectores municipales» denunció Contreras, apuntando a la necesidad urgente de una equidad real en la asignación de fondos fiscales frente a las grandes urbes. A esta escasez se suma un rezago tecnológico crítico manifestado en «la dificultad técnica muchas veces que existe para poder instalar cámaras de vigilancia, producto de falta de requerimientos técnicos, internet, punto eléctrico, etcétera» explicó el jefe comunal respecto a las trabas en caminos interiores.
Frente a la vulnerabilidad del personal en terreno, evidenciada trágicamente con el funcionario municipal que se encuentra en estado grave tras un procedimiento en la ruta de Curacaví, la organización emplazó al Ejecutivo a ejecutar medidas inmediatas de inteligencia delictual. La propuesta formal busca «poder hacer lectura de vehículos robados en tiempo real de manera sincronizada con carabineros y no tener que estar supeditado, por ejemplo, a la base de datos que nos entregan las aseguradoras» manifestó Contreras, precisando que esta integración daría óptima cobertura a las patrullas y pórticos lectores instalados en las carreteras.
«Esa inteligencia artificial y esa tecnología que está disponible, que también puede estar en los municipios, es un avance significativo que no requiere mayor cantidad de recursos» sostuvo Contreras, asegurando que la herramienta permitiría un registro gráfico inmediato de quienes recorren las comunas. El líder de las zonas rurales concluyó afirmando que habilitar este cruce de información depende únicamente de «voluntades y confianza recíprocas», argumentando que el ecosistema agrario no puede seguir operando a blindado de ojos frente a una delincuencia que hoy se desplaza a alta velocidad.
