Durante la última semana, diversas reacciones han marcado la discusión pública entre autoridades nacionales en torno a la Ley 21.202 sobre Humedales Urbanos. Esta legislación reconoce la presencia de humedales en la planificación territorial, y condiciona el desarrollo de proyectos industriales o habitacionales en base a criterios de sustentabilidad de los mismos. Estas recomendaciones se enfrentan a intereses que buscan instalar un falso debate, como el del conflicto entre humedales y urgencia habitacional.
La importancia clave de los humedales como valor ecológico, provisión de servicios para el bienestar humano y fuente de mitigación y adaptación frente a los impactos del cambio climático es reconocida desde hace más de cuatro décadas, desde la firma de la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional de 1971 (RAMSAR) y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 (CMNUCC). En las últimas décadas, el valor de estas “áreas de tierra que permanecen inundadas durante al menos parte del año” ha cobrado mayor relevancia, con la comprensión de cómo «generan condiciones fisicoquímicas y biológicas únicas» (IPCC, 1996b).
La CMNUCC identifica la relevancia de proteger estos ecosistemas, no sólo por su valor ecológico, sino también por los servicios ecosistémicos que proveen: son sumideros de carbono y constituyen una primera línea de defensa frente a inundaciones en zonas urbanas, actuando como grandes esponjas capaces de absorber excedentes de agua; además, son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la prevención de enfermedades infecciosas, señalando que la pérdida de biodiversidad en los humedales altera su rol esencial en la salud pública.
Asimismo, la protección de humedales constituye una estrategia clave para la reducción del riesgo de desastres asociados a inundaciones, ya que los suelos de humedal son orgánicos, saturados y altamente compresibles, lo que no los hace aptos para la cimentación.
En este sentido, los espacios académicos son, en parte, productores de evidencia científica y, como generadores de conocimiento, también cumplen un rol público y social al visibilizar los desafíos que surgen en un escenario cada vez más cambiante.
Ante este escenario, las iniciativas ambientales de la Universidad de Chile, agrupadas en el ecosistema interdisciplinario y transdisciplinario de nuestra casa de estudios, señalamos la importancia de buscar soluciones a los desafíos ambientales e invitamos a considerar las recomendaciones científicas en la toma de decisiones públicas:
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Hacemos un llamado a evitar los cuestionamientos sobre el conocimiento de los ecosistemas, construido durante décadas de investigación, ya que estas discusiones resultan peligrosas para el bienestar y la seguridad de las sociedades y de la biodiversidad. Desconocer ese consenso científico puede generar impactos negativos en el bienestar humano, social y en las diversas formas de vida en el futuro.
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Chile presenta siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad al cambio climático definidas en 1992 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es imprescindible que, para enfrentar estos desafíos, se usen el conocimiento y las recomendaciones nacionales e internacionales, impulsados desde las universidades, en colaboración con las comunidades y habitantes de los territorios.
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La experiencia nacional ha evidenciado estos riesgos en distintos territorios del país. Los suelos saturados de humedal son susceptibles a procesos de licuación durante eventos sísmicos, comprometiendo la infraestructura construida sobre ellos. El terremoto de 2010 (27F) evidenció este fenómeno en zonas costeras del Biobío y Maule, mientras que diversas áreas urbanizadas próximas a humedales en La Serena están mostrando el impacto de las amenazas en esa comunidad, progresivamente.
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Invitamos a autoridades, académicos/as, estudiantes y sociedad en general a extremar el cuidado ante iniciativas que relativizan el conocimiento científico sobre las crisis ambientales que enfrentamos como humanidad. Este conocimiento técnico es también político, ya que es el que permitirá afrontar el escenario incierto que estas crisis implican.
A través de esta declaración, reafirmamos nuestro compromiso por la creación y difusión de conocimientos científicos sobre la Naturaleza, que priorice el cuidado, el resguardo de la biodiversidad y el bienestar general de la sociedad, asumimos nuestro rol como actor social comprometido más allá de la producción científica, sino que también al servicio de las necesidades ambientales de nuestro país.
Firman:
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ProMA UChile (Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente)
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Sustentabilidad UChile
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GTOP (Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones)
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Laboratorio de Sociohidrología y Medio Ambiente UChile
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CITRID (Programa para la Reducción del Riesgo y Desastres)
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RedPE (Red de Pobreza Energética)
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Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación UChile
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Red por el Agua
