La senadora Vanessa Kaiser y el diputado Cristóbal Urruticoechea afirmaron que mantener encarceladas a personas de avanzada edad o en estado terminal vulnera la dignidad humana y debilita el principio universal de los derechos humanos.
A través de una declaración, ambos legisladores del Partido Nacional Libertario respaldaron la necesidad de aplicar criterios humanitarios a internos de avanzada edad o con enfermedades graves, insistiendo en que el cumplimiento de las condenas debe realizarse respetando la dignidad humana y los tratados internacionales vigentes.
Las declaraciones surgen en medio del debate reabierto tras los dichos del ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre la situación de los reclusos de Punta Peuco. Para la senadora del PNL, Vanessa Kaiser, “la liberación de internos enfermos o en edad avanzada no es un acto de impunidad, sino una exigencia de humanidad, dignidad y estricto apego al Estado de Derecho”.
La parlamentaria agregó que “en un sistema democrático las cárceles no pueden transformarse en el escenario de una venganza perpetua, especialmente cuando se trata de reclusos que han alcanzado la vejez extrema o padecen enfermedades terminales”. La senadora Kaiser afirmó además que “extender el castigo hasta la muerte en cautiverio perpetúa las divisiones del pasado”, asegurando que un acto de clemencia institucional “demuestra la fortaleza y superioridad moral de una democracia”.
Asimismo, recalcó que “convertir un penal en un hospital geriátrico improvisado, desnaturaliza la función del sistema penitenciario y vulnera convenios internacionales sobre el trato debido a las personas de la tercera edad”.
Por su parte, el jefe de bancada del PNL, diputado Cristóbal Urruticoechea, señaló que “mantener tras las rejas a personas ancianas, postradas o con demencia senil contradice el principio de que la pena debe rehabilitar y no infligir sufrimiento cruel e innecesario en los últimos días de vida”.
El parlamentario añadió que “el derecho internacional y la legislación chilena contemplan beneficios humanitarios y penas sustitutivas para reos en situaciones de salud catastróficas. Excluir a un grupo específico por razones ideológicas debilita el principio de universalidad de los derechos humanos”.
En ese sentido el legislador sostuvo además que excluir a determinados internos de estos beneficios “por razones ideológicas debilita el principio de universalidad de los derechos humanos” y enfatizó que “el cierre definitivo de las heridas históricas no se logra extremando el rigor penal contra los ancianos, sino demostrando que el Estado de Derecho puede aplicar justicia con la misma firmeza que aplica compasión”, concluyó el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea.
