Los diputados de Renovación Nacional solicitaron al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, tras el violento robo que afectó al exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.
La Bancada de Diputados de Renovación Nacional solicitó este jueves al Gobierno otorgar discusión inmediata al proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de fortalecer las sanciones frente a delitos graves y violentos cometidos por menores de edad.
A través de una declaración pública, los parlamentarios manifestaron su “profunda preocupación” por el aumento de la delincuencia juvenil y por los “espacios de impunidad” que, a su juicio, mantiene la actual legislación vigente.
La solicitud se da luego del violento robo que afectó al exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio de San Miguel, caso en el que participaron sujetos armados y donde, según antecedentes conocidos públicamente, hubo menores de edad involucrados.
En ese contexto, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González (RN), sostuvo que “en Chile, los delitos cometidos por jóvenes se están desbordando, y esto ocurre porque existen espacios de impunidad por el sistema de responsabilidad penal adolescente”.
“Por eso es fundamental que el Gobierno le de discusión inmediata al proyecto de Renovación Nacional que modifica este sistema y que permite sancionar con mayor severidad estos delitos que son graves y que son violentos”, agregó el parlamentario.
Asimismo, González afirmó que “nosotros creemos en la reinserción social, pero no puede existir impunidad para jóvenes que cometen delitos de manera reiterada, que son graves, que son violentos y que causan un gran dolor en nuestra sociedad”.
Desde la bancada RN recalcaron que el proyecto, correspondiente al Boletín N°15.589-07, busca fortalecer la respuesta del sistema frente a conductas especialmente graves cometidas por adolescentes, asegurando que la reinserción social no puede transformarse “en una excusa para dejar sin sanción proporcional delitos violentos, reiterados o cometidos con armas”.
