El expresidente del Gobierno de España declara el 2 de junio ante la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo y organización criminal en el marco del polémico rescate de una empresa aérea por 53 millones de euros.
La Audiencia Nacional ha citado al líder socialista para el próximo 2 de junio tras hallar indicios de su participación en una trama de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
La investigación, dirigida por el magistrado José Luis Calama, se centra en el polémico rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra – una compañía con participación de empresarios venezolanos- durante la pandemia, así como en operaciones internacionales de alto valor relacionadas con el estado venezolano.
Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría liderado una estructura jerarquizada destinada a obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de su influencia política ante instancias públicas.
La estructura de la «vía Zapatero» y el rescate a Plus Ultra
El informe de la UDEF reconstruye una cronología de contactos que habrían resultado determinantes para que el Gobierno de Pedro Sánchez diera luz verde a la ayuda estatal.
Los investigadores sostienen que los directivos de Plus Ultra, ante la crisis de la COVID-19, buscaron intencionadamente la intermediación de figuras con peso político para acceder a los fondos públicos
Las comunicaciones interceptadas revelan que los directivos de la compañía instaban a presionar al expresidente para acelerar la tramitación ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
«Debemos meterle chola al Zapa», escribió Roberto Roselli, CEO venezolano de la aerolínea, en un grupo de mensajería interna cuando se buscaba agilizar el proceso de financiación.
La investigación apunta a que Zapatero no operaba solo, sino a través de un grupo de confianza donde su amigo personal, el empresario Julio Martínez Martínez, actuaba como lugarteniente y ejecutor de órdenes directas.
El juez considera que Martínez Martínez encabezaba un entramado societario que servía para canalizar los pagos y dar cobertura formal a las operaciones de influencia.
De acuerdo con los datos recabados por la Policía, esta red habría tenido acceso a información privilegiada, llegando a felicitar a los accionistas de Plus Ultra por la obtención del préstamo días antes de que el organismo gestor elevara la propuesta formal.
El magistrado cifra en 1,95 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y su entorno habrían percibido a través de diversas mercantiles.
Según información obtenida por medios españoles, la red habría utilizado sociedades instrumentales y canales financieros opacos para ocultar el origen de los fondos.
La consultora Análisis Relevante, administrada por Martínez Martínez, es señalada como la pieza clave desde donde se transfirieron 490,780 euros a una cuenta compartida por el expresidente y su esposa entre 2020 y 2025.
El juez Calama sostiene que la empresa de comunicación de las hijas del expresidente no desarrollaba una actividad ordinaria, sino que funcionaba como un vehículo instrumental para la redistribución de fondos del entramado.
En esta línea, se han detectado pagos adicionales de otras entidades vinculadas, como el think tank Gate Center y sociedades de relaciones públicas, que elevan los ingresos percibidos por el entorno familiar de Zapatero por encima del millón de euros.
Como medida cautelar, el magistrado ha ordenado el bloqueo de 490,780 euros en las cuentas bancarias del expresidente para asegurar posibles responsabilidades civiles en el futuro.
La conexión con el chavismo y el blanqueo internacional
Uno de los puntos más graves de la causa es la vinculación de los fondos del rescate con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La Fiscalía Anticorrupción reabrió el caso en 2024 tras recibir solicitudes de cooperación de Francia y Suiza que alertaban sobre una organización criminal dedicada al lavado de dinero procedente de la malversación de funcionarios venezolanos.
Según el auto judicial, existen indicios de que el dinero inyectado en Plus Ultra procedía originalmente de la venta de oro del Banco de Venezuela y de fondos desviados de los CLAP, el programa gubernamental de suministro de alimentos que ha estado bajo sospecha internacional por corrupción.
La trama también habría implicado el uso de paraísos fiscales y estructuras offshore. Se investiga la creación de sociedades en Dubái y en las Islas Vírgenes Británicas para recibir pagos en el extranjero y evitar su rastreabilidad en España.
Además, el juez destaca la influencia de Zapatero en negocios que trascienden lo mercantil, como la intermediación estratégica para la compraventa de petróleo y derivados en Venezuela, donde el acceso a altos niveles del poder político era fundamental para concretar las operaciones.
Incluso se han detectado maniobras contables que involucran a una entidad financiera en Dominica y un préstamo simulado de una empresa panameña para maquillar la solvencia de la aerolínea antes de recibir la ayuda pública.
Defensa del expresidente
Ante la gravedad de las acusaciones, Rodríguez Zapatero ha defendido su inocencia alegando que sus ingresos provienen de su actividad profesional legítima como conferenciante, mediador y asesor estratégico en el ámbito académico y geopolítico.
El expresidente ha manifestado su total disposición a colaborar con la justicia, asegurando que siempre ha actuado dentro del marco legal.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado públicamente su apoyo al exlíder socialista, reivindicando su legado político y pidiendo respeto a la presunción de inocencia ante lo que el partido considera un ataque de organizaciones vinculadas a la ultraderecha
El caso Plus Ultra se suma ahora a otros procedimientos judiciales que afectan al entorno directo del actual Ejecutivo, tensando aún más el clima político en España mientras se espera la declaración judicial de Zapatero el próximo mes.
