En el marco del encuentro organizado en conjunto por ambas instituciones, los alcaldes entregaron un diagnóstico estratégico al gobierno para exigir mayor presencia estatal ante el desplazamiento de bandas criminales, oficializando además una alianza público-privada que dotará de cámaras con lectores de patentes a la Región Metropolitana.
Con el objetivo de articular una respuesta de Estado frente al desplazamiento de la criminalidad hacia zonas rurales, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizaron de forma conjunta el seminario «Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción».
La jornada reunió a autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y líderes gremiales de CORMA, SNA e IDICAM, para trazar una hoja de ruta frente a este complejo escenario delictual.
Durante el encuentro, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, hizo entrega oficial del «Segundo informe de seguridad en los territorios rurales». Además, profundizó en el impacto que esta crisis tiene en las comunidades y anunció la donación de 36 cámaras de televigilancia gestionadas con el sector privado, cuyo primer piloto se inaugurará en Peñaflor. «Vemos también cómo la falta de institucionalidad es el lugar perfecto para que el crimen organizado también encuentre una posibilidad de poder ampliar sus tentáculos y sus redes. Afecta a nuestra identidad rural, afecta lo que nos hace tan propios (…) se ve corrompida finalmente por esta delincuencia que busca y que encuentra en la ruralidad el lugar perfecto también para poder cobijarse y seguir creciendo», señaló el alcalde.
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, recibió el documento y reconoció la urgencia de adaptar las herramientas del Estado a la dispersión geográfica de estas comunas. «Hablar de seguridad hoy en Chile exige mirar las distintas comunas con mucha honestidad, no existe solo una realidad delictual, tampoco existe solo una forma de prevención ni una sola respuesta institucional que sirva por igual para todo el país (…) La seguridad en la ruralidad no puede seguir siendo un tema periférico, tiene que ser una prioridad del Estado», indicó la autoridad.
El diagnóstico general de los distintos paneles apuntó a la necesidad de dotar de mayores capacidades operativas a estas zonas. En esa línea, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, relevó los recursos que se están inyectando a nivel regional para hacer frente a esta contingencia.
«Actualmente, dentro de las tres primeras prioridades de las comunas rurales, está la seguridad, y nosotros hemos reaccionado en consecuencia. Estamos invirtiendo cerca de $32 mil millones en proyectos de televigilancia, vehículos de seguridad, drones e iluminación pública. Hoy vemos expresiones de crimen organizado en el mundo rural, por lo que se requieren más recursos y también más gestión. Por eso es tan importante avanzar con proyectos como las 36 radio patrullas para comunas rurales, donde los vehículos son más necesarios que nunca», enfatizó.
Finalmente, el combate a la estructura económica de las agrupaciones delictuales fue otro de los ejes del encuentro. Desde el Ministerio Público, la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, Tania Gajardo, destacó los avances en la recuperación de espacios tomados por la delincuencia gracias a la coordinación con los municipios.
«La municipalidad tiene la información de los inmuebles donde, por ejemplo, se trafica droga. Una vez que las personas son detenidas, el inmueble se transfiere a la municipalidad (…) un activo que ingresa y que, hasta la fecha, las municipalidades que han recibido inmuebles los han ocupado para juntas de vecinos o tienen proyectos para hacer algún CESFAM u otro servicio para la comunidad», detalló la persecutora.
