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Villa Panamericana: demandan a responsables del proyecto por casi US$18 millones debido a múltiples problemas en departamentos

Este sábado 30 de mayo, el campo deportivo Refinería Concón será escenario de una nueva jornada abierta a la comunidad, que pondrá en valor la historia de la Hacienda Concón Bajo, fue hospital de campaña durante la Guerra Civil de 1891, y el patrimonio arqueológico del sector.

La acción legal, la más grande en su tipo presentada en Chile y que representa a 311 propietarios, está dirigida contra la empresa constructora, la inmobiliaria y sus accionistas, luego que un informe pericial constató graves deficiencias e irregularidades en la construcción de las viviendas y espacios comunes del complejo.

Una demanda colectiva por casi US$18 millones en contra de las empresas responsables de la construcción y comercialización de la Villa Panamericana en Cerrillos presentó el bufete Abogabir Miranda Abogados en representación de 311 propietarios del Lote B del complejo habitacional, debido a graves irregularidades en la construcción y estado actual de los departamentos y espacios comunes del complejo habitacional.

Inaugurada en 2023 para albergar a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2023, las ocho torres de la Villa fueron reinauguradas en 2024 luego que los 1.100 departamentos fueron adaptados y entregados como conjunto habitacional a 1.355 familias beneficiadas por el Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite a personas de diferentes ingresos económicos y realidades sociales acceder a su primera vivienda.

Sin embargo, en la acción legal se señala que transcurrido solo un mes desde su entrega definitiva, comenzaron a producirse importantes filtraciones de agua en ventanas y cielos de los departamentos, así como el surgimiento de humedad y hongos. A ello se fue sumando un extenso listado de fallas, defectos, irregularidades y vicios tanto en los espacios comunes como en los departamentos, causando severos daños a los mismos.

El bufete encargó un Informe Técnico a un perito, el cual se prolongó entre mayo de 2025 y enero de 2026, que incluyó la inspección de 288 departamentos del Lote B, la revisión completa del proyecto de arquitectura y sus especialidades, para contrastar lo que fue diseñado con lo que finalmente se entregó.

Entre otros hallazgos, se constataron problemas estructurales y de elementos constructivos e instalaciones, como fisuras y grietas en los muros; ascensores inseguros; ventanas descuadradas; cerámicas y baldosas sueltas; pisos desnivelados y pinturas mal acabadas. También instalaciones eléctricas que no fueron diseñadas ni instaladas de acuerdo a las normativas de seguridad mínimas; filtraciones de gas; planta elevadora de agua potable con corrosión y deficiente ventilación; planta de aguas servidas con estructura oxidada y riesgo de desprendimiento, e instalaciones para personas con discapacidad deficientemente ejecutadas.

“En lugar de comprar un departamento como el que se les ofreció, nuestros representados terminaron comprando un problema. Todos los demandados, incluyendo a la constructora DLP y la Inmobiliaria Parque Cerrillos, entre otros, deben hacerse cargo de su responsabilidad: Pese a los múltiples daños y numerosos incumplimientos que han debido enfrentar estos 311 vecinos, han sufrido un absoluto abandono de parte de ellas y un trato vejatorio por parte de sus representantes, incluyendo actos de discriminación por su condición socioeconómica”, afirma el abogado Nicolás Vassallo, del estudio Abogabir Miranda.

La demanda, que tiene por objeto exigir indemnizaciones por concepto de daño emergente y daño moral -que en conjunto alcanzan los US$17,7 millones-, es la acción colectiva de protección al consumidor de la Ley General de Urbanismo y Construcciones más grande que se haya presentado a la fecha en el país.

Si bien no se menciona en el escrito, las diversas irregularidades encontradas dan cuenta de posibles responsabilidades de las autoridades de la época, tanto en el Serviu, como en el propio Ministerio de Vivienda y la Dirección de Obras de la Municipalidad de Cerrillos, por su responsabilidad en la entrega de la Villa Panamericana para ser habitada sin haber fiscalizado que cumpliera con las exigencias mínimas para ello.

 

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