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Diputado Jaime Araya por ajustes a Mega Reforma: “El Gobierno sabía que el informe podía cambiar la votación”

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

El diputado Jaime Araya reaccionó duramente luego de que el Gobierno reconociera que deberá realizar correcciones a la denominada megareforma tras la entrega del informe de finanzas públicas, lo que, a juicio del parlamentario, abre dudas graves respecto de la forma en que se condujo la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“A partir de la entrega del informe de política fiscal, el ministro García Ruminot dice que hay que hacer correcciones al proyecto de reforma para los superricos. Desde ese punto de vista, es evidente que se rompió la buena fe constitucional y va tomando fuerza la posibilidad de un fraude constitucional que fraguó el gobierno para aprobar la reforma de los súper ricos”, señaló Araya.

El diputado sostuvo que el Ejecutivo retrasó la entrega de antecedentes relevantes contenidos en el informe de finanzas públicas, cuyos efectos endurecerán la reforma del gobierno, mientras aceleraba la discusión legislativa del proyecto.

“Ellos se negaron a entregar en tiempo y forma oportunamente el informe de política fiscal, sabiendo que esto puede tener un impacto negativo en las votaciones de la Cámara”, afirmó.

Araya planteó que existen dos interrogantes que deben ser aclaradas respecto de la decisión del Gobierno de postergar la entrega del informe.

“La primera es si el gobierno ocultó deliberadamente información a la Cámara de Diputados y aceleró al máximo la tramitación de este proyecto o, segundo, si esto es parte de un tongo, una cortina de humo para distraer el fracaso económico y de seguridad que enfrenta el país y, así, justificar la absurda acusación constitucional que se pretende instaurar contra el ministro Nicolás Grau”, agregó.

Finalmente, el parlamentario señaló que se encuentran evaluando distintas acciones legales e institucionales frente a los antecedentes conocidos.

“Me parece que esta situación es grave. Aquí se rompió la buena fe constitucional y, desde ese punto de vista, estamos evaluando todo tipo de acciones ante el Tribunal Constitucional. Esto es una situación muy grave, muy seria y merece la mayor atención”, concluyó.

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