Iniciativa superó tercer trámite constitucional y fue enviada al Ejecutivo para que sea promulgada como Ley de la República. La normativa dota a sostenedores con herramientas para resguardar la integridad de estudiantes y trabajadores de un establecimiento educacional.
Su completa “satisfacción” manifestaron los diputados del Partido Republicano que integran la comisión de Educación, Paz Charpentier, Diego Vergara y Valentina Becerra, luego que se aprobara por 105 votos a favor y 46 en contra, las enmiendas del Senado al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”.
La iniciativa busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar mediante herramientas preventivas que protejan la integridad física y psíquica de la comunidad, sumando medidas de gestión para mejorar la fiscalización, la denuncia y la autoridad docente, todo bajo un marco de respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del niño.
Tras este paso, el proyecto fue enviado al Ejecutivo con el fin de que siga los pasos reglamentarios para ser promulgado por el Presidente José Antonio Kast y convertirse en Ley de la República.
Para la diputada Charpentier, este paso significa que se ha “reconocido en nuestro ordenamiento jurídico de manera clara y contundente que el derecho a la educación sólo se satisface en la medida que exista seguridad. Eso establece un horizonte claro hacia el futuro, una obligación para el Estado de erradicar la violencia escolar y mejorar la convivencia que estamos seguros y qué duda cabe al respecto, es la principal preocupación de las distintas comunidades educativas a lo largo de todo Chile”.
“Con eso me refiero a los centros de alumnos, me refiero a los centros de padres, me refiero a los sostenedores a los directores y en definitiva a cada uno de los miembros de las comunidades escolares establece un objetivo que es ambicioso, pero parte con medidas concretas como las que están establecidas en este proyecto de Escuelas Protegidas”, complementó Charpentier.
En tanto, Vergara subrayó que la iniciativa “representa un avance relevante en materia de seguridad escolar, al dotar a los sostenedores con herramientas concretas para lograr resguardar la integridad de estudiantes y trabajadores del recinto educacional, tales como la facultad de revisar efectos personales, la obligación de regular vestimentas que impidan la identificación facial, el fortalecimiento del rol disciplinario del docente y la incorporación de nuevas causales de inhabilidad para el acceso a la educación superior”.
Finalmente, Becerra enfatizó que la nueva ley “garantiza un entorno escolar seguro, define la violencia como una vulneración grave y faculta a las autoridades a tomar medidas de contención inmediatas y legales”.
“La seguridad en los colegios se ha transformado en una preocupación prioritaria, ya que el aumento de hechos de violencia escolar afecta, no solo la integridad física de estudiantes y docentes, sino también el adecuado desarrollo del proceso educativo. En este contexto, resulta indispensable realizar ajustes normativos e institucionales que fortalezcan la prevención, mejoren los protocolos de actuación y equilibren adecuadamente la convivencia escolar con el respeto a los derechos fundamentales”, cerró Becerra.
