La sede de la Región Metropolitana del INDH realizó fiscalizaciones en terreno, en las que constató hacinamiento crítico, falta de servicios higiénicos básicos, brotes de sarna y también agresiones de parte de personal penitenciario.
El recurso, interpuesto por 83 personas privadas de libertad, fue acogido por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó una serie de medidas urgentes para resguardar los derechos y la dignidad de 83 personas privadas de libertad que residían en un módulo del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1. De este modo, el tribunal acogió un recurso de amparo de la sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se fundamentó en los hallazgos que detectó el personal de la institución durante misiones de observación en el recinto penitenciario.
La jefa de la Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, indicó que “la situación no garantizaba las condiciones mínimas de habitabilidad, causando alza de lesiones autoinfligidas, descompensaciones psiquiátricas, maltratos a funcionarios y enfermedades infecciosas. Luego de la presentación del amparo, el tribunal resolvió en una audiencia que se debe proceder a la reubicación de las personas que ahora están en el Módulo 88, ya sea reintegrándolas al Módulo 2, donde estaban antes u a otras dependencias del centro que cuenten con las mínimas condiciones”, señaló.
Cabe precisar que las gestiones del INDH comenzaron luego de una fiscalización realizada el 10 de abril y una posterior visita de seguimiento el pasado 15 de mayo. En esta última inspección, el equipo constató el panorama crítico del Módulo 88. El monitoreo permitió levantar un diagnóstico completo respecto a las condiciones de salubridad y seguridad en el recinto. Dentro de lo consignado destaca la falta de servicios básicos, la falta de iluminación en pasillos y celdas, las que se encontraban en total oscuridad, sumado a una severa acumulación de humedad, infecciones y plagas. Además, varias celdas carecían de inodoros o flujo de agua potable. De igual manera, se recogieron antecedentes de malos tratos, que continúan siendo objeto de seguimiento institucional.
También la observación permitió constatar hacinamiento y crisis de salud. Mientras el tercer piso aislaba a 10 personas con tuberculosis, una pieza del primer piso era ocupada por una mujer trans en espera de traslado y 72 personas —la mayoría con diagnósticos o sospechas de situaciones de salud mental— se distribuían de manera asfixiante en sólo 19 celdas, gatillando cuadros de descompensación y conductas autolesivas. Entre los afectados se encontraban personas sujetas a internación provisional, así como otras con necesidades complejas de atención en salud mental, que permanecían privadas de libertad a la espera de atención o derivación a dispositivos especializados.
