En las pesquerias emblemáticas chilenas como la merluza común, la merluza austral, el loco y las algas pardas, las estimaciones disponibles sugieren que una parte importante de las capturas provendría de actividades ilegales o no declaradas. ¡Cientos de toneladas! El mejor ejemplo es el loco. Tras décadas de restricciones, vedas y planes de manejo, su recuperación sigue siendo escasa. Sin embargo, basta recorrer restaurantes y mercados para encontrarlo ofertado con normalidad. La pregunta es obvia, pero necesaria: si el acceso legal al recurso está fuertemente restringido, ¿de dónde provienen todos esos locos que siguen llegando a la mesa?
A excepción de los especialistas, pocas personas dimensionan la magnitud de este problema. No se trata simplemente de barcos capturando peces sin permiso sino de una actividad que daña los ecosistemas marinos, debilita la economía y castiga a quienes respetan las normas. La FAO estima que cerca de 20 millones de toneladas de productos marinos son extraídas ilegalmente cada año, generando pérdidas económicas globales que pueden alcanzar los $20.000 millones de dólares.
Las regulaciones pesqueras son herramientas desarrolladas en base a la investigación científica, que permiten que los recursos marinos mantengan su capacidad de renovación. Si queremos un océano saludable, no basta con proteger a las especies. También debemos proteger –a lo largo de toda la cadena de valor– la integridad de las normas que evitan que nuestros recursos marinos se agoten.
