Tierra del Fuego, la isla compartida por Chile y Argentina en el fin del mundo, podría quedar un paso más cerca del continente. Un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes de aproximadamente 3,7 kilómetros busca unir Punta Delgada y Bahía Azul y así reemplazar el tradicional cruce en barcaza y abrir una nueva etapa para la conectividad, el turismo y el desarrollo de la zona austral.
Para Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes) y experto en infraestructura, el proyecto es técnicamente posible, aunque está lejos de ser una obra fácil, “no lo miraría como una obra simple por tener solo 3,7 a 4 kilómetros. Es corta comparada con el Eurotúnel, pero muy compleja por estar bajo el Estrecho de Magallanes, con clima extremo, operación crítica, seguridad contra incendios y una demanda probablemente limitada”, explica.
El especialista señala que, desde el punto de vista de la ingeniería, la longitud del proyecto es considerablemente menor a otros túneles submarinos existentes en el mundo. Sin embargo, advierte que antes de cualquier decisión será necesario desarrollar una extensa campaña de estudios para conocer en detalle las condiciones del terreno.
“La obra requeriría primero una campaña geotécnica y geofísica muy fuerte para conocer la roca, fallas, permeabilidad, presión de agua y profundidad del lecho marino. Después habría que definir la solución constructiva, probablemente un túnel excavado en roca con TBM (tuneleras) o método convencional, más que un túnel sumergido prefabricado, dependiendo de la batimetría y geología”, sostiene.
Además, el académico de ingeniería enfatiza que la infraestructura necesaria va mucho más allá del túnel propiamente tal. Entre los elementos indispensables menciona portales de acceso, caminos, sistemas de ventilación, entre otros. “En un túnel vial, la ventilación y la seguridad por incendio son temas críticos”, agrega.
Pese a la viabilidad técnica, Hernández considera que la principal interrogante está en la dimensión económica y política del proyecto. Según explica, la inversión reportada ronda los US$1.500 millones, una cifra que obliga a evaluar cuidadosamente su rentabilidad social y estratégica.
“La gran pregunta es económica y política. La justificación dependería de la demanda real, la continuidad logística, los beneficios estratégicos, el turismo, la integración Chile-Argentina y el reemplazo de las barcazas”, afirma.
En ese contexto, concluye que la propuesta aún requiere avanzar en estudios detallados antes de alcanzar un nivel de madurez suficiente para su eventual ejecución.
“Como ingeniería, es viable; como proyecto público, requiere estudios serios de demanda, geotecnia, riesgo, costo-beneficio y financiamiento binacional antes de considerarlo realmente maduro”, concluye.
