Un informe presentado este miércoles muestra que 1,1 millones de niñas y niños en Chile viven en hogares bajo la línea de pobreza. En el contexto de la discusión presupuestaria, sus autoras subrayan que el costo de las propuestas planteadas —entre 0,11% y 0,53% del PIB— es considerablemente menor al costo económico que la pobreza infantil ha mostrado tener en otros países, estimado sobre el 5% del PIB.
Mientras el gobierno discute dónde recortar el presupuesto, un nuevo informe pone cifras concretas sobre la mesa: 1,1 millon de niñas y niños de entre 0 y 17 años (25%) en Chile vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Y la pobreza los golpea con más fuerza que a cualquier otro grupo etario: aunque representan el 22% de la población, concentran el 32% de quienes viven en pobreza por ingresos en el país.
El documento Pobreza infantil en Chile: diagnóstico actualizado y propuestas de política pública, elaborado por el Observatorio Niñez de Fundación Colunga y UNICEF Chile con base en la CASEN 2024 (disponible en www.observatorioninez.org), fue presentado este miércoles en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Los datos actualizan el diagnóstico con la nueva metodología de medición del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y confirman una tendencia que preocupa: la pobreza infantil no solo es más alta que la adulta en todas sus dimensiones —ingresos, multidimensional y severa—, sino que su intensidad también es mayor. Los hogares con niñas y niños que están en situación de pobreza enfrentan una brecha mensual promedio de $230.522 para superar la línea de pobreza, cifra superior al promedio general de hogares en esa condición.
“Estimamos que el costo de garantizar un piso de ingresos para los hogares en pobreza extrema sería del 0,5% del PIB. Si nos enfocamos solo en los hogares más vulnerables, bajaría al 0,11%. Es un costo que Chile puede y debe asumir”, enfatiza Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga.
El informe también pone el foco en el sistema actual de transferencias monetarias. Los datos confirman que funcionan, pero que su impacto ha disminuido: durante la pandemia las transferencias llegaron a reducir la pobreza infantil en cerca de 7 puntos porcentuales; hoy esa contribución se ubica en torno a los 5 puntos. La cobertura, en cambio, ha avanzado con el Subsidio Único Familiar automático. El problema, sostiene el informe, es doble: de cobertura —un 26,2% de los hogares con niñas y niños en pobreza aún no recibe ningún subsidio— y de suficiencia, pues los montos están muy por debajo de lo necesario para superar la línea de pobreza.
Detrás de esa insuficiencia, sostiene el informe, hay una asimetría estructural. Mientras los hogares con adultos mayores cuentan con la pensión como instrumento principal —regular, predecible, y que representa más del 30% de su ingreso—, los hogares con niñas y niños dependen de múltiples transferencias fragmentadas que en conjunto pesan menos del 10% del ingreso familiar. Según el último análisis de Dipres, en Chile coexisten 28 programas de transferencias monetarias, una dispersión que diluye el efecto del sistema sobre la pobreza infantil.
El informe llega en un momento de alta tensión fiscal. En las últimas semanas, el gobierno ha anunciado recortes transversales al gasto público, y el gasto social no ha quedado fuera del debate. Frente a eso, las autoras del documento levantan un argumento que va más allá de la economía: la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (N°21.430), promulgada en 2022, prohíbe expresamente cualquier medida que implique una disminución de los niveles de protección ya alcanzados para niñas, niños y adolescentes. En otras palabras, retroceder no es solo inconveniente: es contrario a la ley.
“Asegurar ingresos mínimos a las familias es el primer paso, pero tiene que complementarse con acceso a salud, educación, cuidados y apoyo a la parentalidad. No basta una transferencia: hay que mantener la vinculación con la política social en su conjunto”, sostuvo Amanda Telias, Oficial de Políticas Sociales de UNICEF Chile.
El informe también responde a uno de los argumentos más frecuentes en el debate fiscal: que no hay recursos. Según las estimaciones del documento, cerrar completamente la brecha de ingresos de los hogares con niñas y niños en situación de pobreza costaría el equivalente al 0,53% del PIB. Si se prioriza a los hogares monoparentales con jefatura femenina —uno de los grupos más vulnerables, donde el 65% de quienes viven en pobreza son liderados por mujeres—, el costo bajaría al 0,11% del PIB. Para ponerlo en perspectiva: Chile destinó en 2022 cerca de un cuarto de su presupuesto público a transferencias monetarias, la mayor parte concentrada en pensiones. Los hogares con niños reciben, en promedio, transferencias por $94.395 mensuales. Los hogares con adultos mayores, más del triple.
El informe propone dos medidas concretas: una garantía de ingresos básicos para familias con niñas y niños en situación de pobreza, de carácter no condicionado, regular y predecible; y el fortalecimiento de un piso de protección social universal para la niñez, que articule salud, educación, transferencias monetarias y servicios de cuidado para el período 2026–2030.
Cifras clave del informe
- 25% de las niñas y niños (0-17 años) vive en pobreza por ingresos
- 1,1 millones de niñas y niños en hogares que no cubren canasta básica
- 000 en pobreza extrema (10%)
- 23% en pobreza multidimensional
- 10% en pobreza severa (simultáneamente por ingresos y multidimensional)
- Brecha mensual promedio: $230.522 por hogar con niños en pobreza
- Costo de cerrar la brecha: 0,53% del PIB
