El parlamentario cuestionó los procedimientos de cobro aplicados a personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado y solicitó antecedentes sobre los criterios utilizados por la Tesorería General de la República.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) anunció el envío de un oficio a la Tesorería General de la República (TGR) para solicitar información detallada sobre los procedimientos de cobro que actualmente se están aplicando a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio de la controversia generada por denuncias de retenciones de fondos, embargos y otras medidas impulsadas por el organismo para recuperar recursos adeudados al Estado. En los últimos días, la discusión se ha instalado a nivel nacional luego de conocerse diversos casos de personas afectadas por estas acciones de cobranza, así como cuestionamientos respecto de los criterios utilizados para su aplicación.
Según explicó el legislador, si bien las obligaciones financieras deben cumplirse, resulta necesario que la autoridad entregue mayores antecedentes sobre los mecanismos que está utilizando y evalúe alternativas que permitan a los deudores regularizar su situación sin enfrentar medidas que puedan afectar gravemente su estabilidad económica.
“No nos parece correcta la forma en que la Tesorería General de la República está actuando respecto a los deudores del CAE. Recordemos que fue el propio Estado, a través del gobierno del expresidente Boric, el que generó expectativas de condonación de esta deuda y miles de personas, lamentablemente, confiaron en esos anuncios que no tenían sustento y tomaron decisiones en función de ellos”, afirmó Guzmán.
El parlamentario sostuvo que la situación requiere una evaluación más profunda por parte de las autoridades, considerando que muchas personas enfrentan dificultades para regularizar sus obligaciones y que el propio debate político de los últimos años contribuyó a generar expectativas sobre el futuro de este crédito estudiantil.
“Las deudas deben pagarse, pero la solución no puede ser el embargo de sueldos, de cuentas corrientes o ahorros sin antes explorar alternativas razonables de solución. Por eso hemos oficiado a la Tesorería General de la República para que explique el procedimiento que está aplicando y sobre todo para que evalúe convenios de pago más flexibles”, señaló.
A través del oficio, Guzmán buscará conocer los criterios utilizados por la Tesorería para la aplicación de estas medidas de cobro, los mecanismos de notificación existentes, las alternativas de regularización disponibles para los deudores y la posibilidad de implementar fórmulas que permitan compatibilizar la recuperación de recursos fiscales con la situación económica de las personas afectadas.
“El Estado no es un banco y debe actuar con proporcionalidad, con justicia y con sentido común”, concluyó el diputado.
