Las legisladoras oficialistas apuntan a reconocer cuidado de familiares de los infantes, aumentar prestadores públicos y privados, y no crear un nuevo impuesto al trabajo, entre otras medidas.
A pocos días de que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ingrese una serie de indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, este miércoles las diputadas del Partido Republicano, Paz Charpentier, Javiera Rodríguez y Stephanie Jéldrez, hicieron entrega una serie de propuestas al subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, que buscan mejorar la tramitación de la iniciativa que se encuentra en el Senado.
Dentro de las medidas presentadas, las parlamentarias apuntaron a que se realice un reconocimiento al cuidado de las madres, los abuelos y otros miembros de la familia; aumentar las salas cunas con prestadores públicos y privados; que el beneficio al menor lo siga en el establecimiento de elección de los padres; que el Estado no limite el progreso de la familia y; no considerar el nuevo impuesto al trabajo contemplado en el proyecto original.
Para Charpentier, el objetivo de estas propuestas es “terminar con la idea de que el único cuidado válido o financiable es el que se da en una institución y que el beneficio económico también pueda entregarse a quienes ejercen efectivamente labores de cuidado dentro del entorno familiar, como abuelos u otros familiares, e incluso a las madres que deciden permanecer en el hogar, respetando la libertad de cada familia de organizar su vida familiar sin que el Estado condicione el apoyo público a la asistencia obligatoria a una sala cuna”.
“Además, el proyecto de ley no debería castigar a las salas cuna privadas, porque ello reduce las vacantes disponibles. Por eso proponemos que el beneficio pueda utilizarse en cualquier sala cuna autorizada, ya sea pública o privada, para que sean los padres, y no el Gobierno, quienes decidan cuál es el mejor lugar para cuidar y educar a sus hijos”, agregó la representante del Distrito 20.
Junto a lo anterior, las parlamentarias plantearon que se considere una defensa de las Pymes frente a nuevos costos, disminuir la burocracia para abrir nuevos centros de cuidado, premiar a las empresas que apoyan a sus trabajadores, soluciones reales para familias de zonas rurales y dar apoyo para quienes buscan una oportunidad laboral.
*Rodríguez: “Estimamos que el Estado debe cubrir el 100% del beneficio”*
En tanto, Jéldrez planteó que en lugar de financiar estructuras burocráticas, “proponemos entregar un voucher portable que pertenezca al niño y sea administrado por la familia. De esta forma, el dinero sigue al niño al establecimiento que los padres elijan, incentivando a las salas cuna a competir por entregar un mejor servicio y atraer a los apoderados”.
“Asímismo, creemos que las familias deben tener el derecho de complementar voluntariamente el aporte del Estado con sus propios recursos si desean acceder a una sala cuna con características especiales o de mayor costo. Proponemos evitar que el sistema prohíba a los padres invertir más en el futuro de sus hijos”, subrayó la parlamentaria ariqueña.
Por su parte, Rodríguez explicó que el crear un nuevo impuesto al trabajo del 0,3%, como se contempla en el proyecto de ley, tan sólo “encarece la contratación formal y puede afectar especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores de menores ingresos. Cualquier aumento en las cotizaciones se debe compensar con un crédito fiscal para empleadores o trabajadores, según se defina, o que se utilicen los excedentes ya acumulados en el fondo de cesantía, para que ayudar a las familias no signifique destruir empleos ni castigar la formalidad laboral”.
“El proyecto no debería obligar a los empleadores a pagar de su bolsillo la diferencia entre el aporte estatal y el costo real de la sala cuna, ya que eso opera como un impuesto encubierto que las pymes no podrían resistir y por ello estimamos que el Estado debe cubrir el 100% del beneficio que se fije por niño y que dicho valor se actualice todos los años, para que no sean los emprendedores quienes terminen pagando la cuenta”, comentó la parlamentaria.
Finalmente, junto con agradecer las ideas de las diputadas, el subsecretario Rosende recalcó el compromiso del Ministerio a presentar las indicaciones al 15 de junio y apuntó a que el debate “sea con altura de miras” para finalmente “terminar con la discriminación que tenemos hace más de 100 años con las mujeres trabajadoras, en cuanto a entregar este beneficio tan necesario para su inserción laboral”.
