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Fiscalía apeló a polémica medida en caso «banquetera»: tribunal viñamarino decretó prisión preventiva pero aceptó pago de $5 millones para dejarla libre

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Una polémica medida tomó el tribunal de Viña del Mar, luego de permitir la libertad de la prinicipal imputada en el caso «banquetera», donde se le acusa de defraudar a más de 60 parejas que no recibieron los servicios ofertados por la imputada a través de su empresa.

El pago de una caución de cinco millones de pesos le permitió eludir la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, que fue aceptada inicialmente por los jueces, los que luego permitieron su libertad tras cancelar esta fianza.

Un proceso en donde el Ministerio Público apeló ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el objetivo de revetir esta medida, a lo que se agrega que la pareja de la imputada, socio de ella en la cuestionada empresa- no se presentó a la formalización, pese a lo cual se decretaron 120 dias de investigación.

Lionel González fiscal adjunto del caso, indicó que ayer se decretó la prisión preventiva de Natalia Álvarez, la imputada que desempeñó funciones como banquetera para un conjunto de matrimonios celebrados en el curso del año pasado, estimando el tribunal que cada una de las contrataciones que ella realizó es constitutiva de un delito.

«Las parejas que resultaron afectadas superan las 60 y el perjuicio también supera los 120 millones de pesos. La empresa que actuó en este caso es la empresa Probarte y también fue objeto de formalización por el delito económico que subyace a la ejecución de este tipo de fraudes bajo el alero de una persona jurídica», mencionó el fiscal, junto con destacar que «la resolución, sin embargo, concedió la posibilidad de obtener la excarcelación de la imputada estimando que el peligro de fuga es lo que autoriza decretar su prisión preventiva».

González reconoció que «esta parte no nos deja conforme, razón por la cual se entabló un recurso de apelación tendiente a revertir lo resuelto, porque genuinamente lo que está involucrado en este caso es un peligro para la seguridad de la sociedad».

«Atendido el número de delitos cometidos, la pena probable a aplicar sea de cumplimiento efectivo, de manera (2:18) que no compadece que la imputada quede en libertad pagando una concesión que en este caso fue de cinco millones de pesos y que a la vuelta de unos pocos minutos consiguió su libertad, lo que no es coherente con el perjuicio que ella provocó», manifestó el persecutor.

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