La senadora Paulina Vodanovic ingresó un proyecto de ley interpretativo que busca aclarar el alcance de las normas utilizadas para el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que se conocieran casos de personas cuyas cuentas bancarias quedaron sin fondos tras la retención de recursos donde reciben sus remuneraciones.
La iniciativa busca precisar que el cobro de las obligaciones asociadas al CAE debe realizarse conforme a las reglas generales del ordenamiento jurídico, resguardando especialmente las protecciones que la legislación chilena establece sobre las remuneraciones de los trabajadores.
Según explicó la parlamentaria, el problema radica en la interpretación que se ha dado a las normas vigentes, lo que ha permitido procedimientos que, a su juicio: “vulneran derechos básicos de los deudores”.
“Todos coincidimos en que las obligaciones deben pagarse, pero también deben pagarse conforme a la ley. Aquí se ha producido un problema de interpretación de las normas dictadas y que hoy requiere una aclaración por parte del legislador”, sostuvo.
Vodanovic explicó que la propuesta corresponde a una ley interpretativa destinada a precisar el “verdadero sentido y alcance de las disposiciones actualmente invocadas para ejecutar estos cobros”.
“Lo que he presentado es un proyecto de ley interpretativa para establecer que las deudas se cobren conforme a las reglas generales y con protección también a los derechos de las personas, particularmente respecto de la protección de las remuneraciones, que es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló Vodanovic.
La senadora advirtió que en los últimos días se han conocido situaciones en que trabajadores han visto retenidos todos los recursos depositados en sus cuentas bancarias, incluyendo sus salarios.
“No puede seguir ocurriendo que personas a las que se les deposita su sueldo queden con cero pesos en sus cuentas. El Gobierno no ha querido dar pie atrás en esta forma coactiva de cobrar sin considerar los efectos que genera sobre miles de familias”, afirmó.
La legisladora agregó que corresponde al Congreso aclarar el espíritu de la normativa para evitar interpretaciones que terminen afectando derechos esenciales.
“Es preciso que el órgano legislador ponga orden y precise el verdadero sentido y alcance de la norma. Se trata de cobrar conforme a la ley, pero respetando también los límites que existen para proteger las remuneraciones y la dignidad de las personas”, concluyó.
