Los parlamentarios Ossandón y Briones oficiaron de urgencia al INE, Economía, Contraloría y al Ministerio Público tras revelarse el millonario reparo de $300 millones y la contratación de personal con antecedentes delictuales y órdenes de expulsión.
Un duro emplazamiento realizaron los diputados del Partido de la Gente (PDG), Fabián Ossandón y Patricio Briones, tras conocerse el Informe de la Contraloría General de la República, el cual detectó graves anomalías en los contratos del Censo de Población y Vivienda 2024 ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), formulando un reparo inicial de $300 millones de pesos. Entre los hallazgos más alarmantes se constató la contratación de 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, además de encuestadores con decretos de expulsión del país vigentes.
Al respecto, el diputado Fabián Ossandón manifestó que «es de la máxima gravedad que el Censo 2024 se haya realizado con encuestadores que tenían antecedentes penales y órdenes de expulsión del país. Las familias chilenas abrieron sus hogares confiando en la seguridad del Estado, y esta negligencia es una vulneración directa a la fe pública. Por ello, he oficiado de manera urgente al INE, al Ministerio de Economía, al Ministerio Público y a la Contraloría para exigir total transparencia sobre los posibles pagos injustificados, la falta de filtros en el ente externo de reclutamiento y el estado de los sumarios. Necesitamos que se persigan las responsabilidades y que se remitan los antecedentes a la Fiscalía y al CDE. El país exige la certeza de que un hecho tan impresentable no se volverá a repetir».
Por su parte, el legislador Patricio Briones apuntó directamente a la responsabilidad política de la jefatura de la cartera de la época, señalando que “el Censo del año 2024 fue duramente observado y cuestionado por la CGR. Es importante que el exministro Nicolás Grau explique a los chilenos cómo una acción tan relevante para focalizar con eficiencia los recursos fiscales, así como para el diseño de las políticas públicas, se permeara con elementos delictivos sin el debido cotejo de los antecedentes de los censistas. Necesitamos una explicación para adoptar los resguardos pertinentes así como adoptar las sanciones que tal hecho amerita”.
Frente a este escenario, los parlamentarios activaron una ofensiva fiscalizadora conjunta mediante el despacho de múltiples oficios dirigidos a las máximas autoridades de las instituciones involucradas.
