Uno de los migrantes irregulares mantenía una orden de expulsión vigente.
Luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detectó diversas irregularidades en el proceso de contratación de personal para el Censo 2024, entre ellas la participación de 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con autorización para trabajar en Chile, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) informó que se encuentra analizando los antecedentes para determinar las eventuales acciones que correspondan.
La revisión busca determinar responsabilidades y sanciones que contempla la Ley de Migración y Extranjería para quienes contrataron a trabajadores que no contaban con la habilitación correspondiente.
El director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, señaló que los antecedentes revelados por el organismo contralor son graves y podrían derivar en sanciones para las entidades involucradas.
“Estamos analizando estos antecedentes justamente porque, según la ley, procede la multa respectiva a estas empresas y al INE por haber contratado a personas irregulares. Una contrató a nueve personas y la otra contrató a cuatro. Además, el INE contrató a una persona más. Por otra parte, hubo cinco personas que se les había revocado la visa”, afirmó.
Y en esa línea el informe de Contraloría señala que, «transgrede el artículo 103 de la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, en cuanto establece que sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ello», lo que no se estaría cumpliendo según lo detectado.
Frank Sauerbaum aseguró que entre los casos detectados existe una persona que mantenía una orden de expulsión administrativa vigente al momento de su contratación. “Hay una persona que tenía una orden de expulsión, por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de ser contratada, ya que no contaba con ningún tipo de visa temporal ni definitiva”, señaló.
El director nacional agregó que las sanciones contempladas por la legislación migratoria se aplican por cada trabajador extranjero contratado de manera irregular, por lo que el monto final dependerá de la cantidad de infracciones acreditadas.
