La implementación de la llamada “Ley Uber” suma un nuevo obstáculo. La Contraloría General de la República respondió en el Decreto N° 94 de 2026 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuestionando el reglamento presentado por el gobierno ya que “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”
Entre los aspectos observados se encuentran modificaciones relacionadas con la antigüedad máxima para la primera inscripción y requisitos de cilindrada mínima, señalando que no se acompañaron los antecedentes fácticos, técnicos y jurídicos que respaldaran dichas medidas, ni las razones por las cuales estas no fueron sometidas a consulta pública.
¿Qué opciones quedan sobre la mesa?
Para Rodrigo Fernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y doctor en Transporte, el escenario actual abre dos caminos posibles. “La primera es que el Ministerio retire el reglamento que actualmente está en la Contraloría y lo reingrese acompañando los antecedentes técnicos que el organismo está solicitando”, explica.
Sin embargo, el académico considera que existe una alternativa más práctica desde la perspectiva de los usuarios.
“La segunda opción, que a mi juicio es más práctica desde la perspectiva de los usuarios de estas aplicaciones, es mantener el reglamento que ingresó el gobierno anterior”, aclara el doctor en transporte. De lo contrario, advierte que “seguiremos en este ciclo en que el reglamento va a la Contraloría, se devuelve, vuelve a ingresar y nuevamente se observa, sin que finalmente la Ley Uber pueda entrar en plena aplicación”, señala.
Fernández agrega que, más allá de las diferencias técnicas que mantiene respecto de ambos reglamentos, considera que insistir con el texto anterior permitiría avanzar en la implementación de la ley. “Desde un punto de vista jurídico recomendaría insistir con el reglamento anterior para avanzar de una vez en la implementación de la ley”, concluye.
