Durante la cuenta pública el Presidente Kast anunció el plan de Infraestructura Penitenciaria proyectado hasta 2030. El gobierno pretende modernizar el sistema carcelario y ampliar en más de 20 mil nuevas plazas con el objetivo de reducir el hacinamiento. Además, incluyó programas de reinserción y rehabilitación en ejes como educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones, etc.
El gobierno recogió el guante de sus antecesores. Los ministros anteriores de la cartera en el último tiempo, Larraín, Cordero y Gajardo, habían priorizado este tema en la esfera pública. La situación en Chile es crítica: según las cifras de Gendarmería, a diciembre de 2025 se reportaban 62 mil internos, en contraste a una capacidad de 42 mil plazas. El sistema penitenciario está altamente exigido y apremiado, con una sobrepoblación carcelaria del 146% que genera diversos problemas asociados: episodios de violencia interna, fallas críticas en infraestructura y habitabilidad, se obstaculiza el objetivo de reinserción social, dificultad para el control institucional, permite actuar al crimen organizado desde su encierro, incentiva la corrupción, deteriora la salud mental y física de los internos. Tampoco debemos olvidar los trágicos episodios de incendio en la cárcel de San Miguel (2010), Colina II (2009), y el penal de Iquique (2001) que grafican los lamentables problemas de infraestructura, gestión y respuesta ante emergencias.
Hay dos cuestiones que conviene subrayar. Primero, el gobierno asumió una política penitenciaria que ha trascendido administraciones y que está estrechamente vinculada con la dignidad humana. Podríamos considerar que una sociedad mide su humanidad en la medida en que es capaz de responder con justicia aún ante quienes cometen injusticias, superando la ley del talión (ojo por ojo o diente por diente). Modernizar nuestras cárceles es una señal correcta que avanza en esa dirección. Segundo, compatibiliza un enfoque punitivo con una dimensión de rehabilitación y reinserción. Pues el objetivo, además de mejorar el control, es detener el círculo de la violencia, disminuyendo la cantidad de personas que vuelven a recurrir a los delitos como ocupación.
No obstante, el gobierno ha sembrado ciertas dudas que valdría la pena despejar. El “Plan Cancerbero” consideraba aumentar en 100 mil plazas la capacidad carcelaria hacia 2030, muy lejos de los 20 mil anunciados en esta primera etapa e ideales 40 mil al final del mandato. ¿Es un gesto de realpolitik? ¿Se sinceró y aterrizó en sus expectativas? Por último, tampoco se hizo mención de la corrupción detectada en Gendarmería y, si bien la reciente reforma constitucional es un avance, este era un buen momento para materializar una bajada en mayores mecanismos de control permanente, recursos y formas de prevención. Lo sabemos, todo eso se traducía en recursos públicos, pero debemos hablar de plata, aunque cueste. Como diría Simply Red: Money’s too tight to mention. Con todo, este anuncio arroja un rayo de luz a las celdas.
