● La alianza público-privada busca promover capacitación, trabajo intrapenitenciario, habilitación de espacios productivos y generación de cupos laborales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, Rosario Navarro, suscribieron este jueves un memorándum de entendimiento orientado a fortalecer la colaboración público-privada en materia de reinserción social, capacitación y empleo para personas privadas de libertad y egresadas del sistema penitenciario.
El acuerdo busca avanzar en una hoja de ruta conjunta que permita ampliar las oportunidades de formación y trabajo, tanto al interior de los recintos penitenciarios como en la etapa de post egreso, favoreciendo procesos de reinserción efectivos y contribuyendo a disminuir la reincidencia delictiva. Tras la firma, el ministro Rabat destacó que esta alianza permite comenzar a materializar uno de los ejes prioritarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La reinserción es seguridad y estamos convencidos de que cada vez que tengamos éxito en esta materia, en colaboración con la empresa privada y con SOFOFA, vamos a hacer un avance muy grande en tener un país más seguro”, señaló.
Por su parte, la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, valoró el inicio de este trabajo conjunto y relevó el rol que puede cumplir el mundo privado. “La reinserción solo es posible si hay empresas dispuestas a abrir las puertas. Desde SOFOFA estamos convencidos de que la alianza público-privada puede ayudarnos a reducir la criminalidad y, finalmente, dar un empleo seguro a muchos más chilenos”, afirmó.
SOFOFA es un gremio empresarial que reúne a empresas del sector productivo nacional y que, en el marco de este acuerdo, actuará como articulador entre sus empresas asociadas para promover oportunidades de capacitación, trabajo intrapenitenciario y empleabilidad.
El memorándum contempla promover la participación de empresas en el trabajo intrapenitenciario, especialmente mediante la modalidad de prestación de servicios y a través de los Centros de Educación y Trabajo; impulsar acciones de capacitación laboral vinculadas a las necesidades del mercado; articular mejoras en espacios e infraestructura para actividades productivas; e incentivar la generación de cupos laborales para personas con antecedentes penales.
La firma del acuerdo se enmarca en la agenda de reinserción social impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que considera el trabajo y la capacitación como factores clave para reducir la reincidencia. Actualmente, solo un 28% de la población privada de libertad realiza algún tipo de actividad laboral, y apenas un 5,4% de quienes trabajan lo hacen bajo el Código del Trabajo.
Finalmente, ambas instituciones acordaron avanzar en un plan de trabajo que defina objetivos, actividades, responsables y plazos de implementación, junto con impulsar un piloto de colaboración público-privada orientado a generar cupos laborales, habilitar espacios productivos al interior de recintos penitenciarios y favorecer la continuidad laboral una vez que las personas saben en libertad.
