Durante junio comenzó a regir en Chile una nueva forma de calcular el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Aunque para muchas familias esto puede significar una mayor exigencia mensual en su presupuesto, el objetivo de la medida es enfrentar un problema que se ha vuelto cada vez más frecuente: el sobreendeudamiento.
Hasta ahora, muchas personas optaban por pagar únicamente el monto mínimo exigido por su tarjeta. Si bien esta alternativa permitía sortear meses complejos o enfrentar gastos inesperados, también generaba un efecto poco visible: gran parte del pago se destinaba a cubrir intereses, comisiones y otros cargos, mientras la deuda principal disminuía muy lentamente. En la práctica, esto podía transformar una compra de corto plazo en una obligación financiera que acompañaba a las familias durante varios años.
La nueva normativa establece que el pago mínimo deberá incluir no solo intereses y cargos asociados, sino también una parte de la deuda pendiente. De esta forma, cada pago mensual permitirá amortizar efectivamente el capital adeudado, reduciendo el tiempo necesario para saldar la obligación financiera. La implementación será gradual hasta 2028, precisamente para evitar un impacto brusco sobre los presupuestos familiares.
Desde el punto de vista económico, la medida tiene ventajas importantes. Una deuda que disminuye más rápido implica menos intereses acumulados en el tiempo y una menor probabilidad de caer en una espiral de endeudamiento. En otras palabras, aunque el desembolso mensual sea mayor, el costo total de la deuda puede resultar significativamente menor.
Sin embargo, también es necesario reconocer que muchas familias enfrentarán dificultades de adaptación. En un contexto donde el costo de la vida sigue siendo una preocupación permanente, un aumento en el pago mínimo puede tensionar aún más presupuestos que ya operan con escaso margen. Para quienes utilizan la tarjeta de crédito como complemento habitual de ingresos, este cambio podría significar ajustes en sus hábitos de consumo y una mayor necesidad de planificación financiera.
Por ello, la principal recomendación es revisar con anticipación los estados de cuenta y evitar comprometer nuevos gastos que dependan exclusivamente del crédito. Asimismo, quienes enfrenten dificultades para cumplir con los nuevos montos deberían acercarse oportunamente a sus instituciones financieras para evaluar alternativas de reorganización de sus deudas antes de caer en mora.
En definitiva, esta normativa busca corregir una práctica que muchas veces entregaba una sensación de alivio inmediato, pero que terminaba prolongando los problemas financieros durante años. El desafío estará en equilibrar el esfuerzo adicional que se exige hoy a las familias con el beneficio de construir una situación financiera más saludable y sostenible en el futuro.
