Una resolución del Servicio de Impuestos Internos volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Chile arrastra hace más de cuatro años: qué hacer con las casas de apuestas online. La Resolución Exenta N°69, publicada a comienzos de junio, permite que las plataformas extranjeras se registren y paguen IVA por los servicios que prestan a usuarios chilenos, aunque el proyecto de ley que debía regularlas sigue detenido en el Senado. Parte de la industria leyó el gesto como una regularización encubierta. Y la discusión, que en el Congreso avanza lento, se aceleró en cuestión de días.
Cuatro años de trámite y un proyecto sin urgencia
El proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea ingresó a la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2022, por mensaje presidencial. La Cámara lo aprobó en diciembre de 2023 y desde entonces espera en la Comisión de Economía del Senado, en segundo trámite constitucional, sin urgencia del Ejecutivo y a la espera de las indicaciones comprometidas por el Gobierno.
El vacío legal no es nuevo. La Corte Suprema ha sostenido que estas plataformas carecen de habilitación para operar en Chile y ha ordenado el bloqueo de varios sitios. La Superintendencia de Casinos de Juego mantiene desde hace años la misma posición: solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak están autorizadas para ofrecer juegos de azar en línea. Ya a comienzos de 2023 el organismo había objetado la publicidad de estas plataformas en radio y televisión, con oficios a los principales canales y más de una treintena de denuncias presentadas.
Nada de eso frenó la actividad. Las plataformas internacionales siguieron disponibles para el público chileno, los auspicios ligados al rubro se multiplicaron en el deporte local y la publicidad se trasladó a redes sociales y buscadores.
El retiro inmediato se volvió el filtro del usuario chileno
Mientras el Congreso define el marco, los usuarios chilenos siguen apostando en sitios internacionales, en un terreno que la ley local todavía no ordena. Sin un regulador propio que fiscalice, la diferencia entre una buena y una mala experiencia depende casi por completo de la información que el jugador reúna antes de registrarse: qué licencia internacional respalda al operador, qué métodos de pago locales acepta y cuánto demora en liberar los retiros.
Ese último punto pasó a ser el filtro más usado, sobre todo en semanas de alto movimiento como las del Mundial. Acreditar un premio puede tomar minutos en una plataforma y semanas en otra, según el método de pago y los procesos de verificación de cada sitio. Para separar promesas de plazos reales sirven consultar una reseña de casas de apuestas con retiro inmediato, que analiza los tiempos de procesamiento, detalla qué métodos de retiro funcionan en Chile y explica cómo verificar la cuenta antes de cobrar.
La verificación de identidad concentra buena parte de los reclamos. Los sitios la exigen antes del primer retiro y el trámite se alarga cuando los documentos no coinciden con los datos del registro, así que completarla apenas se abre la cuenta evita la mayoría de las demoras.
Queda una regla que ninguna comparativa reemplaza: las apuestas son un gasto de entretención para adultos, no una fuente de ingresos. Definir un presupuesto y tratarlo como se trata una entrada al estadio o al cine es la base de cualquier guía de juego responsable, y vale con o sin ley.
El giro del SII que encendió al Senado
La Resolución N°69 instaló una paradoja difícil de explicar: las apuestas online pagarán impuestos en Chile antes de tener una ley que las regule. Para el SII, el asunto es recaudatorio. Si una plataforma extranjera presta servicios digitales a usuarios chilenos, debe tributar como cualquier otro proveedor remoto, igual que las aplicaciones de streaming o de transporte.
En el Senado la lectura fue otra. La Comisión de Economía acordó citar al ministro de Hacienda, pedir un pronunciamiento a la Corte Suprema e invitar a la Superintendencia de Casinos a exponer. Su presidente, el senador Gastón Saavedra, acusó que la resolución permite operar al juego ilícito y recordó que la voluntad regulatoria de un gobierno se mide en las urgencias que pone a sus proyectos. Según consignó Emol, la iniciativa sigue sin urgencia del Ejecutivo y el Gobierno aún no presenta sus indicaciones.
La industria de casinos presenciales, que paga patentes e impuestos específicos desde hace décadas, reclama competencia desleal. Los operadores online, en cambio, ven en el registro tributario un primer paso hacia un mercado formal, como ocurrió en su momento en otros países de la región.
Una regulación que en la región ya llegó
Colombia ordenó su mercado de juego online en 2016, con licencias a cargo de Coljuegos. Perú hizo lo propio con la ley que entró en vigencia en 2024 y dejó las autorizaciones en manos de MINCETUR. En ambos casos la norma llegó después de años de operación informal y terminó fijando reglas de publicidad y estándares de protección al usuario.
Chile tiene el proyecto escrito desde 2022 y un Senado que recién ahora, empujado por una resolución tributaria, volvió a mirarlo con atención. Mientras la urgencia no llegue, la protección del apostador chileno seguirá dependiendo menos de la ley que de su propia información: saber dónde juega y en cuánto tiempo puede retirar su dinero.
