Cuando se destruye un ruco, no se está retirando basura. Se puede estar destruyendo un carnet de identidad, un carnet de salud, medicamentos, ropa de abrigo, una foto familiar, documentos necesarios para hacer un trámite, o simplemente aquello poco que una persona logró conservar después de perder casi todo.
Quienes trabajamos junto a personas en situación de calle sabemos que la convivencia en el espacio público puede generar conflictos reales. Hay vecinos que se preocupan, familias que reclaman, problemas sanitarios, dificultades de seguridad y situaciones que requieren respuesta. Negar eso sería irresponsable. Pero otra cosa muy distinta es aceptar que la respuesta sea llegar, sacar, romper, quemar o botar las pertenencias de una persona, sin diálogo, sin alternativa y sin una medida mínima de acompañamiento.
El desalojo agresivo no resuelve la situación de calle. La desplaza. Mueve a una persona de una esquina a otra, de una plaza a otra, de una comuna a otra. Puede producir una sensación momentánea de orden, pero no ofrece una salida.
Por eso preocupa no solo el desalojo, sino también la forma en que se comunica. Cuando una autoridad convierte el desalojo de personas en situación de calle en contenido para matinales o redes sociales, no solo está mostrando una intervención urbana: está instalando una forma de mirar la pobreza. Una mirada que reduce a las personas a obstáculo, amenaza o suciedad, y que confunde desplazar con resolver.
No estamos frente a un problema menor ni aislado. Estamos frente a una realidad estructural, dinámica y cada vez más compleja. Por eso no basta con operativos reactivos ni respuestas estacionales. Chile necesita una política pública permanente, coordinada y digna, que permita prevenir que más personas lleguen a vivir en la calle, brindar asistencia y atención a quienes ya están en esa situación, e implementar medidas reales para superarla.
La pregunta de fondo no puede ser únicamente cómo sacamos a una persona de un lugar. La pregunta debe ser qué hacemos con ella, quién la acoge, dónde puede dormir, cómo accede a salud y cómo vuelve a confiar en una institucionalidad que muchas veces aparece ante ella más como amenaza que como apoyo.
