● El proyecto de ley, que actualmente está en tramitación en el Congreso, establece una regulación diferenciada según el nivel de riesgo que representan los sistemas de inteligencia artificial para el bienestar de las personas.
● Desde Maxxa destacan que esta iniciativa contempla una aplicación diferenciada según el tamaño de la empresa.
Chile, al igual que otros países, avanza en la regulación de Inteligencia Artificial (IA). Actualmente, el país cuenta con una Política Nacional de IA –actualizada en 2024– que establece lineamientos éticos para el desarrollo y uso de estas tecnologías, aunque no contempla obligaciones específicas ni sanciones.
Sin embargo, el escenario regulatorio está evolucionando. Hoy, Chile impulsa un proyecto de ley que busca regular su uso y establecer multas ante su utilización maliciosa. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
“La implementación de una ley que regule la inteligencia artificial no es algo nuevo. Países europeos, como Italia –de manera complementaria a la regulación de la Unión Europea– y Corea del Sur, ya han establecido marcos normativos rigurosos para garantizar que el uso de esta tecnología se haga de manera correcta y responsable”, comenta Francisco Farías, gerente legal de Maxxa.
La regulación de la IA impactará directamente a miles de empresas, particularmente a las pymes, que han incorporado estas herramientas en tareas diarias como la generación de contenido, el diseño de imágenes, la atención automatizada de clientes y la optimización de distintos procesos del negocio.
Precisamente por la diversidad de aplicaciones que hoy tiene esta tecnología, la iniciativa propone una regulación diferenciada según el nivel de riesgo que representan los sistemas de IA y clasifica sus usos en cuatro categorías. La primera corresponde al “riesgo inaceptable”, donde se incluyen herramientas capaces de manipular a las personas sin su conocimiento, influyendo de forma oculta en sus decisiones o comportamientos. Bajo esta normativa, estos sistemas quedarían expresamente prohibidos.
En segundo lugar, se encuentran los sistemas de “alto riesgo”, que podrían afectar derechos fundamentales de las personas, como su salud y seguridad, o también derechos de los consumidores. Su uso implicaría obligaciones estrictas, como supervisión humana, transparencia en su utilización y mecanismos de gestión de riesgos.
En tercer lugar, están los sistemas de “riesgo limitado”, categoría que incluye herramientas como asistentes de escritura, chatbots de atención al cliente, sistemas de respuesta automática vía WhatsApp y otras de generación de contenido para marketing. Esta categoría adquiere especial relevancia para las pymes, dado que reúne gran parte de las herramientas de IA más utilizadas actualmente por las empresas.
Por último, están aquellas herramientas catalogadas “sin riesgo evidente”, que corresponden a aplicaciones de uso cotidiano y que no se encuentran sujetas a obligaciones especiales bajo la normativa propuesta.
Además de establecer distintas categorías según el nivel de riesgo de cada sistema, el proyecto considera criterios de proporcionalidad para su implementación en las empresas, especialmente en las de menor tamaño, para no generar brechas.
«Un aspecto positivo del proyecto es que reconoce que no todas las empresas tienen las mismas capacidades ni recursos para cumplir con las exigencias regulatorias. Por eso contempla estándares diferenciados según el tamaño de la organización y sanciones proporcionales a su nivel de ventas. Esto permite avanzar hacia un uso responsable de la inteligencia artificial sin imponer cargas desproporcionadas a las pymes», agrega Farías.
En este escenario, el ejecutivo de Maxxa recomienda que las empresas adopten una actitud preventiva y evalúen desde ya el uso que hacen de herramientas de inteligencia artificial. «Las empresas no tienen que esperar a que la ley entre en vigencia para prepararse. Este es un buen momento para hacer un inventario de las herramientas de inteligencia artificial que utilizan, revisar sus procesos y garantizar que exista supervisión humana en aquellas decisiones que puedan afectar directamente a las personas. La IA puede apoyar la toma de decisiones, pero la responsabilidad final siempre debe recaer en un ser humano», concluye Farías.
