– La investigación detectó que la mayor conflictividad relativa recae sobre la infraestructura portuaria y de transporte, rubros que carecen de mecanismos legales para dejar beneficios económicos en los territorios afectados. Durante la presentación del informe, autoridades y expertos advirtieron sobre la urgencia de avanzar en una definición precisa de competencias y establecer reglas de compensación claras para frenar la actual incertidumbre jurídica.
En el debate económico nacional, los municipios suelen ser apuntados como el gran obstáculo para la inversión, pero los datos acaban de derribar ese mito. El último estudio del Laboratorio Municipal (LabMun) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) analizó todos los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la última década, y la conclusión es tajante: los gobiernos locales impugnan apenas un 1% de las iniciativas.
Sin embargo, que intervengan poco no significa que carezcan de poder. El mismo análisis revela que su acción es altamente efectiva. Pese a lo inusual de su intervención formal, cuando una municipalidad decide oponerse, uno de cada tres proyectos termina siendo frenado, ya sea por rechazo, revocación, caducidad o desistimiento.
Estos hallazgos fueron presentados este jueves en el seminario «Rol de los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos», un espacio que reunió a los actores clave de esta tensión territorial. El encuentro contó con la exposición de las investigadoras Ana María Montoya y Paloma Infante, además de un panel de debate integrado por el alcalde de Punta Arenas y Presidente de la Comisión Técnica de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Radonich; el gerente general de ALOG Chile, Alexis Michea; y el doctor en Economía y académico de la UAI, José Miguel Benavente.
El documento advierte que el problema de fondo no es la frecuencia de las impugnaciones, sino la ambigüedad de la ley. Al profundizar en las cifras, el estudio detectó que el escrutinio público suele mirar el número equivocado. Aunque los sectores de Energía e Inmobiliario concentran la mayor cantidad de conflictos en términos absolutos, al medir la proporción sobre el universo total de proyectos, los rubros más conflictivos son Infraestructura Portuaria con un 11,7% e Infraestructura de Transporte con un 6,0%.
Al respecto, la académica de la Escuela de Gobierno, Ana María Montoya, explicó que la alta conflictividad municipal recae en proyectos de envergadura nacional, específicamente en obras relacionadas a puertos y transporte. Montoya precisó que una interpretación de este fenómeno podría deberse a que estos sectores carecen de mecanismos legales que dejen beneficios económicos en las comunas afectadas. «Básicamente el 77,6% están por sobre la mediana del tamaño de los proyectos de inversión del sistema de evaluación ambiental», detalló.
La investigadora añadió que esta tensión normativa ocurre porque «muchas veces los beneficios son a nivel nacional, pero los costos son a nivel local».
La asimetría en los incentivos económicos explica gran parte de este fenómeno. Los sectores que sufren mayor rechazo son exactamente aquellos que carecen de mecanismos legales para que las comunas participen de los beneficios que generan, a diferencia de la minería, que cuenta con un fondo especial de comunas mineras y presenta una tasa de conflictividad inferior al 1%.
Durante su participación en el panel, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, advirtió sobre la debilidad institucional de las comunas frente a estas iniciativas. «No somos actores principales, nuestro rol es como el de los invitados», graficó la autoridad. Radonich explicó que el sistema asume una capacidad técnica que muchos gobiernos locales no tienen al no distinguir «si estamos en Las Condes, Olmué o en Puerto Williams». Por lo mismo, enfatizó la urgencia de fijar reglas justas para los territorios y disminuir la incertidumbre jurídica: «Las compensaciones deben ser una cosa más transparentada y que no sea por una negociación uno a uno, como lamentablemente uno siente que quien tiene más capacidad de lobby, gana».
Finalmente, Alexis Michea, gerente general de ALOG Chile, aterrizó el debate al sector productivo. «El futuro desarrollo productivo de este país se definirá en los territorios definitivamente», aseguró. En esa línea, sinceró que en la actualidad «si no tienes a la municipalidad y al alcalde más o menos alineados, los proyectos no funcionan, eso está súper claro», proponiendo avanzar hacia «algún mecanismo de mayor participación de las ciudades en los procesos decisionales de la infraestructura».
