Lo anterior, luego de que diputadas y diputados de los comités del Frente Amplio, el Partido Comunista e independientes, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia e independientes y del Partido de la Gente presentaran un requerimiento contra disposiciones de Escuelas Protegidas.
Este martes 16 de junio el Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento realizado por diputados y diputadas de oposición tras la aprobación del proyecto de ley de Escuelas Protegidas. La solicitud, impulsada por el Frente Amplio, impugna cuatro normas que vulnerarían derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y la reserva legal para restringir derechos fundamentales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación valoró que se haya acogido a trámite el requerimiento del proyecto “que el gobierno ha llamado Escuelas Protegidas, que de protección y de seguridad no tiene nada. Vulnera los derechos de niños y niñas, de estudiantes y también de las familias y vamos a seguir defendiendo sus derechos. Así como lo hicimos en la tramitación de este proyecto, donde presentamos más de 70 propuestas para mejorarlo y el gobierno nos dio un portazo. Quisieron legislar a tontas y a locas y por eso vemos que se vulnera la constitución en nuestro país. Vamos a seguir insistiendo y esperamos que el Tribunal Constitucional acoja nuestros argumentos”.
Entre los artículos impugnados está la autorización a los establecimientos para revisar mochilas y efectos personales de estudiantes mediante reglamentos internos, sin que la ley fije criterios claros de procedencia, tiempo máximo de retención ni garantías mínimas de defensa. Asimismo, se cuestiona la norma que faculta a las policías a registrar vestimentas y pertenencias de estudiantes al interior de establecimientos educacionales sin la orden de un fiscal; y se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley” debido a su amplitud e indeterminación.
De la misma manera, se cuestiona también que se establezca cinco años de inhabilidad para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en educación superior a personas condenadas por ciertos delitos, medida que constituiría una doble sanción, generando discriminación socioeconómica, ya que afectaría solo a quienes no pueden costear sus estudios, yendo en contra al derecho a la educación.
