El diputado por la Región de Coquimbo criticó la aprobación del proyecto que autoriza un mayor endeudamiento fiscal y acusó falta de transparencia respecto del destino de los recursos. Además, sostuvo que la medida busca compensar la disminución de ingresos que generaría la rebaja del impuesto corporativo impulsada por el Gobierno.
Su rechazo a la iniciativa que autoriza un mayor endeudamiento fiscal expresó el diputado Bernardo Salinas Maya (PC), luego de que la Cámara aprobara la posibilidad de contraer deuda por hasta US$6.200 millones.
El parlamentario cuestionó que el Ejecutivo no haya entregado detalles claros sobre el destino de los recursos y acusó que la medida terminará beneficiando a los sectores de mayores ingresos.
“Hoy fuimos testigos en la Cámara de la votación que hizo la derecha y su gobierno en aprobar el endeudamiento por 6.000 millones de dólares”, señaló Salinas, agregando que el Gobierno “ni siquiera es capaz de precisar en qué se va a ocupar” y que utiliza “un concepto que es ´fungible´, que es en el fondo no decir nada”.
En esa línea, el legislador sostuvo que durante la discusión no se aclaró cuál será la inversión concreta que se realizará con los recursos autorizados. “Nosotros podríamos haber entendido que esto se iba a invertir en más hospitales, más Cesfam, en mejor educación pública, en atender hoy día las graves situaciones, por ejemplo, de las listas de espera. Pero no”, afirmó.
Según el diputado, el verdadero objetivo de la medida sería compensar la disminución de ingresos fiscales derivada de la rebaja del impuesto corporativo impulsada por el Ejecutivo. “Es poder justamente compensar la rebaja que se quiere impulsar del 27 al 23%, que justamente son 6.000 millones más o menos, lo que va a dejar de percibir el Estado”, indicó.
Salinas también advirtió sobre las consecuencias que el endeudamiento tendría para las futuras generaciones y para los sectores de menores ingresos. “Esto es un acto miserable que golpea claramente a los trabajadores, y no solamente hoy día, sino que además lo proyecta a las futuras generaciones que van a tener que pagar esta deuda”, sostuvo.
Asimismo, agregó que “esta deuda no la van a pagar las 900 familias más ricas de Chile, que tienen el 61% de la riqueza, la van a pagar los trabajadores”, insistiendo en que el costo de la medida recaerá sobre quienes ya enfrentan mayores dificultades económicas.
Finalmente, el parlamentario acusó que la autorización de deuda entrega amplias facultades al Ejecutivo sin los resguardos suficientes respecto de su utilización. “Darle un cheque en blanco es darle impunidad, y efectivamente darle una carta para poder hoy día responderle a sus financistas, a los que hoy día financiaron este gobierno, que fueron justamente los más ricos”, concluyó.
