Los parlamentarios criticaron que el organismo encabezado por David Oddó se declarara incompetente para emitir un dictamen sobre la protección de las remuneraciones de trabajadores afectados por embargos asociados a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Durante la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada el martes 16 de junio, el Director Nacional del Trabajo, David Oddó Beas, se refirió a la solicitud presentada por el diputado Luis Cuello (PC), la diputada Daniela Serrano (PC) y otros parlamentarios para que la institución emitiera un dictamen sobre la protección de las remuneraciones frente a los procedimientos de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin embargo, los legisladores cuestionaron que la autoridad sostuviera que la Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse sobre esta materia, descartando emitir el pronunciamiento solicitado respecto de la inembargabilidad de los sueldos.
La solicitud buscaba que la Dirección del Trabajo emitiera un dictamen sobre la aplicación del principio de inembargabilidad de las remuneraciones y sobre los mecanismos de protección para trabajadores y trabajadoras cuyos sueldos han sido afectados por procedimientos de cobro impulsados por la Tesorería General de la República en el marco de las deudas del CAE.
Tras la exposición del director, los parlamentarios manifestaron su desacuerdo con la respuesta entregada y cuestionaron que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral se negara a emitir un pronunciamiento sobre una materia que afecta directamente a miles de trabajadores y sus familias, dejándolos sin una orientación clara respecto de la protección de sus remuneraciones.
En esa línea el diputado Luis Cuello, dijo: «Es decepcionante que la entidad encargada de proteger, de hacer valer y de hacer cumplir la ley laboral hoy día omita pronunciarse bajo argumentos que, a mi juicio, no comparto.
Primero, porque no hemos pedido que se dictamine respecto de la legalidad o ilegalidad de una actuación de otro órgano del Estado. Esa no ha sido la petición ni el objeto de nuestra solicitud.
En segundo lugar, la presentación de un proyecto de ley, que tiene múltiples objetivos, no puede interpretarse como la existencia de un vacío legal ni como una contradicción con el argumento central que hemos planteado. Tampoco creo que sea un buen argumento para omitir un pronunciamiento.
En tercer lugar, esta tampoco es una materia litigiosa. No hemos puesto en conocimiento de la Dirección del Trabajo, por intermedio de su director, un caso concreto que hoy esté sometido al pronunciamiento de los tribunales. En consecuencia, no se trata de una materia litigiosa.
Lo que hemos pedido para poder precisar esta discusión en la comisión es un dictamen respecto de la protección de los sueldos, de su inembargabilidad, aplicando, primero, el principio protector, que es un principio fundamental del Derecho del Trabajo, y también el principio de primacía de la realidad».
Por su parte la jefa de bancada del PC, la diputada Daniela Serrano, autora del proyecto “Sueldos Protegidos” afirmó que: “es bastante preocupante que la Dirección del Trabajo esté renunciando a sus competencias y está dejando en la indefensión a trabajadores y trabajadoras. La legislación es clara, los sueldos son inembargables.
Sin embargo, tenemos un director del trabajo que prefiere mirar para el lado mientras el gobierno está haciendo embargos que, por una parte, son ilegítimos, inmorales, y que rayan en la ilegalidad. Por eso le pedimos al Director del Trabajo que pueda pronunciarse ante lo que está haciendo la Tesorería”.