Los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y la diputada Paulina Muñoz formalizarán y proseguirán la acusación ante el Senado, en la sesión que sea citada para este efecto.
Por 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró ha lugar la Acusación Constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por haber infringido la Constitución Política y las leyes, en específico, por el manejo fiscal de las finanzas públicas durante el ejercicio de su cargo.
Para sostener la acusación ante la Sala, expuso el diputado Benjamín Moreno. Este postuló que, cuando el desvío de las proyecciones se conecta con otras materias el tema “deja de ser solo un mal resultado fiscal y se transforma en un problema de cumplimiento de deberes”.
Aseguró que hubo infracción a la ley por parte del exministro Nicolás Grau al no traspasar en plazo recursos para la gratuidad universitaria y del programa de apoyo a la infraestructura escolar. Además, se cuestionó el reajuste del sector público, por no identificar fuentes de financiamiento por 800 millones de dólares. “Cuando se comprometen gastos sin financiamiento o se postergan gastos se afecta el corazón del régimen de la administración del Estado”, puntualizó el diputado Moreno.
Del mismo modo, planteó que la probidad no se limita al enriquecimiento personal, sino también a la lealtad institucional con el interés general. “En materia fiscal esa lealtad se expresa en mostrar la realidad de las cuentas públicas con fidelidad; en cumplir oportunamente las obligaciones legales y en no trasladar costos institucionales al Gobierno siguiente ni a los beneficiarios de las políticas públicas”, remarcó.
Por su parte, el abogado Patricio Zapata, en representación del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió la acusación recalcando que el hecho no se trata de un juicio de confianza política.
El abogado planteó que en los últimos 10 años la acusación constitucional se ha trasladado en la práctica al terreno de la fiscalización política. Si bien no se trata de un juicio penal, subrayó, la sanción en juego tiene un “aroma penal evidente”. En ese contexto planteó que aunque la destitución no tiene carácter penal, la inhabilidad adjunta sí.
Sobre el fondo dijo que se cuestiona que habría muchos chilenos y chilenas que consideran que fue un mal desempeño de la administración anterior. Un juicio crítico frente a una conducción macroeconómica. En este escenario, precisó, la acusación constitucional no puede ser una herramienta para atacar el desempeño de un gobierno.
Zapata añadió que frente a los argumentos contenidos en el libelo que afirman que hay “inconsistencia aritmética” de las cifras fiscales, el informe del Consejo Fiscal Autónomo aclaró que no hay tal inconsistencia.
Como punto final pidió a las y los legisladores que dejaran al costado su opinión sobre la política fiscal de Gabriel Boric y se hagan la única pregunta que es importante tener en cuenta: si el exministro Nicolás Grau violó alguna ley o alguna norma constitucional.
Tras la votación a favor, la Cámara comunicará este hecho al Senado y al afectado, dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión. Asimismo, la Sala acordó que Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz, en representación de la Cámara, formalizarán y proseguirán la acusación en el Senado, en la sesión que este cite para tal efecto.
Fundamentación voto
Las y los diputados, en el tiempo distribuido a los diferentes comités, fundamentaron su voto. A favor se manifestaron:
Desde el Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi sostuvo que no se habla de dolo, sino de “inacción”. Afirmó que la acusación no persigue errores, sino responsabilidades y falta de corrección frente a faltas reiteradas. Así, estimó que las cifras pueden ser técnicas, pero las decisiones son políticas.
Por la Bancada UDI, Constanza Hube manifestó que existió un daño presente y medible. A su juicio, la infracción a los deberes de transparencia, información y control establecidos en la Ley N.º 21.683 no es hipotética. Asimismo, planteó que no se trata de una deficiencia técnica de gestión, sino del incumplimiento de deberes jurídicos expresos y plenamente vigentes por parte de Nicolás Grau.
Desde el Comité Republicano, Paz Charpentier y Stephanie Jéldrez recalcaron que la infracción más grave es con la función pública. En tal plano, mencionaron que hubo postergación de pagos de servicios esenciales para la población y fallo a un mandato ético al no reflejar la real situación económica del país, lo que habría erosionado la credibilidad fiscal de Chile.
En Renovación Nacional, Francisco Orrego intervino en nombre de las y los legisladores a favor de la acusación. Detalló que hay un incumplimiento reiterado de metas fiscales estructurales, sobreestimación significativa de ingresos fiscales y una subestimación y falta de provisión adecuada de gastos obligatorios.
Por último, desde el Partido de la Gente, Javier Olivares y Cristian Contreras expresaron su postura a favor de aprobar la acusación en contra de Nicolás Grau porque el debate no se reduce a un mero tecnicismo contable, sino a la responsabilidad de un ministro de Estado por una gestión negligente e irresponsable y el deber de resguardar la probidad pública.
Por otra parte, expusieron su rechazo a la acusación las y los diputados:
Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra y Carolina Tello, del Frente Amplio, advirtieron que esta acusación no solo busca afectar políticamente al exministro Nicolás Grau, sino que también podría utilizarse para justificar recortes en políticas sociales. Además, insistieron que no se acreditaron inconsistencias en las cifras, tal como expresó el Consejo Fiscal Autónomo.
Juan Santana y Nelson Venegas, desde el Comité Socialista, Liberal, Radical e independientes, refutaron que se eleve a delito una proyección fiscal hecha con la mejor información posible en ese momento. Criticaron que la acusación no tiene argumentación ni jurídica ni constitucional y que corresponde a un voladero de luces frente a los temas que realmente importan a la gente.
Marcos Barraza, Irací Hassler y Boris Barrera del Comité del Partido Comunista e Independientes enfatizaron que las diferencias políticas son legítimas. No obstante, las acusaciones constitucionales deben descansar en infracciones acreditadas, ya que, este tipo de acciones no contribuyen al fortalecimiento institucional.
Del Comité PPD e independientes, Jaime Araya y Carlos Cuadrado dijeron que esta acusación es la cristalización de una batalla política que se aleja de las verdaderas urgencias del país. Reiteraron que el Consejo Fiscal Autónomo no identificó inconsistencias y, así, desmintió la tesis central de esta acusación.
En tanto, del Comité Democracia Cristiana, Federación Regionalista Verde e independientes, Álvaro Ortiz, Héctor Barría y Jorge Díaz consideraron que el libbelo toma controversias técnico fiscal y las identifica como infracciones constitucionales o legales. Añadieron que pueden haber reproches administrativos o políticos, pero eso no basta para destituir políticamente a una autoridad o instalar que hubo una infracción constitucional.
Por último, el diputado RN Luis Pardo entregó una visión crítica de la gestión del Gobierno pasado y del exministro Nicolás Grau. Pero, evaluó que las acusaciones no son para canalizar la indignación ciudadana. “Debe acreditarse una infracción constitucional, así lo manifestaron diversos constitucionalistas”, planteó al justificar su voto en contra.
Rechazada cuestión previa
Previo a la discusión del fondo de esta acusación, el abogado Patricio Zapata presentó la denominada Cuestión Previa. Esta es una argumentación que apunta a que la acusación presentada no cumplía con los requisitos constitucionales mínimos.
Esta se rechazó con 61 votos a favor de acogerla, 83 en contra y 2 abstenciones; lo cual derivó en la revisión del fondo de la presentación contra el exministro de Hacienda.
Puntualizó que el hecho principal que sustenta la acusación -que 10 mil 500 millones de dólares no habrían quedado reflejados en la trayectoria de déficit y de deuda pública en los informes de la Dirección de Presupuestos- quedó descartado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
En su argumentación, Patricio Zapata señaló que no hay una norma constitucional o legal precisa a la que se pueda vincular una acción u omisión constitutiva de infracción.
Posteriormente, los cinco integrantes de la Comisión que revisó la procedencia de la acusación, intervinieron para expresar su posición.
La presidenta de la instancia, Marcela Hernando, al igual que los diputados Alejandro Bernales y Carlos Bianchi, enfatizaron que no hay una conducta concreta atribuible al acusado, dolo ni infracción constitucional.
A su vez, la diputada Joanna Pérez manifestó reparos respecto de la proporcionalidad de esta medida y consideró que “no es razonable cargar todo este peso en quien estuvo sólo algunos meses en el cargo”.
Por el contrario, Luis Sánchez enfatizó que la acusación se sustenta en fundamentos jurídicos y no responde a motivaciones políticas. Al respecto, dijo que la exautoridad tenía el deber de administrar adecuadamente, de entregar información veraz y, por ende, se trata de una acusación con base jurídica, que ha puesto sobre la mesa normas claras en materia de probidad y responsabilidad pública.
