Los parlamentarios de las bancadas de gobierno Francesca Muñoz, Javiera Rodríguez, Álvaro Carter y Tomás Kast acusaron la existencia de una «agenda de fronteras abiertas» e instaron al Ministerio Público y al Congreso a perseguir las responsabilidades correspondientes.
Un duro emplazamiento realizaron los diputados oficialistas Francesca Muñoz (Partido Cristiano de Chile), Javiera Rodríguez (Partido Republicano), Álvaro Carter (Partido Republicano) y Tomás Kast (Evópoli) a autoridades del gobierno anterior tras conocerse el informe final de la Contraloría General de la República (CGR), entidad que determinó que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, actuó de manera ilegal y fuera de sus competencias al flexibilizar los requisitos de ingreso al país de menores de edad de nacionalidad haitiana.
Los parlamentarios oficialistas criticaron tajantemente la gestión de la administración anterior, apuntando desde el expresidente Gabriel Boric hasta sus ministros del Interior Álvaro Elizalde y Carolina Tohá, y anunciaron que activarán todas las herramientas de fiscalización y persecución judicial para establecer las responsabilidades administrativas, políticas y penales de este caso.
La diputada Francesca Muñoz apuntó que “este pronunciamiento de la Contraloría confirma el desorden y la falta de coherencia del gobierno anterior en la protección de la infancia, porque se instaló una agenda ideológica de fronteras abiertas que vulneró sistemáticamente nuestro ordenamiento jurídico. Permitir que ingresaran niños con documentos falsos o vencidos, y en vuelos sin control, constituye una grave negligencia que arriesgó la integridad de los menores, por lo que se deben corregir los protocolos para proteger a los niños. Vamos a exigir que se persigan todas las responsabilidades administrativas y legales, y que se investigue la situación de todos los niños que han ingresado por nuestras fronteras, de distintas nacionalidades, porque las autoridades que debían cuidar a la infancia terminaron siendo cómplices de un grave desorden ilegal”.
Por su parte, Javiera Rodríguez indicó que «este dictamen es lapidario y demuestra que lo sucedido en el gobierno anterior no fue un simple desorden administrativo, sino que fue un actuar derechamente ilegal liderado por Luis Thayer. Este señor se creyó por sobre la ley y, con un simple papel interno, desmanteló los controles fronterizos permitiendo el ingreso de menores con documentos vencidos o sin validar. Por tales motivos vamos a perseguir las responsabilidades administrativas y políticas en el Congreso, pero también vamos a exigir que los antecedentes vayan a la justicia ordinaria».
En una línea similar, Álvaro Carter manifestó que «esto demuestra la absoluta degradación institucional con la que operó el gobierno anterior. Luis Thayer actuó con un desprecio total hacia la ley al visar ingresos con documentación vencida o derechamente falsa. Aquí hay responsabilidades políticas evidentes de las exautoridades pero nos quieren hacer creer que Thayer se mandaba solo y no es así, porque él ejecutó una agenda ideológica que venía visada desde La Moneda por el ex presidente Boric y que contó con la complicidad y el silencio político de Elizalde. Ellos permitieron que se pisoteara la ley para flexibilizar las fronteras a su antojo, por eso exigiremos que se activen todas las sanciones administrativas y penales correspondientes. Ninguna exautoridad puede pretender quedar en la impunidad tras estas irregularidades”.
Finalmente, el Tomás Kast destacó que “nosotros lo advertimos, oficiamos y hoy la Contraloría nos da la razón. El ex director de migraciones, Luis Thayer vulneró la Constitución, actuó ilegalmente y facilitó la llegada de niños haitianos a nuestro país que hasta hace pocos días, no sabíamos dónde estaban. El señor Thayer tiene que ser el primero en sentarse frente a la Comisión Investigadora y explicar cómo se tomaron estas decisiones. ¿Actuó solo? sus superiores estaban al tanto? ¿Sabía la exministra Tohá? ¿Sabía Elizalde? Chile merece una explicación”.
