La parlamentaria ofició a diversas autoridades para conocer qué medidas existen para apoyar a jóvenes que desean ingresar a instituciones de seguridad y defensa, advirtiendo que el costo de los exámenes exigidos en los procesos de admisión puede transformarse en un obstáculo para miles de postulantes.
En medio del déficit de personal que enfrentan distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública, la diputada Francesca Muñoz (PCCH) solicitó al Gobierno informar sobre los mecanismos de apoyo existentes para jóvenes que desean postular a Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, pero que enfrentan dificultades para costear los exámenes médicos, psicológicos y de especialidad requeridos en los procesos de admisión.
La parlamentaria advirtió que estos costos pueden alcanzar cifras cercanas a los 400 mil pesos, transformándose en una barrera económica para postulantes que cuentan con vocación de servicio, pero que no disponen de los recursos necesarios para completar el proceso de ingreso. En ese contexto, recordó que actualmente Carabineros mantiene miles de vacantes sin cubrir y que las postulaciones han disminuido durante los últimos años.
Al respecto, Muñoz señaló que “si como país necesitamos más carabineros, más detectives, más gendarmes y más integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, no podemos permitir que jóvenes con vocación de servicio queden fuera simplemente porque no tienen cómo financiar los exámenes exigidos para postular. El mérito y las capacidades deben ser los factores que definan el ingreso, no la situación económica de una familia”.
La legisladora agregó que “es fundamental que el Estado evalúe mecanismos de apoyo, convenios o beneficios que permitan reducir estas barreras de acceso, especialmente cuando estamos enfrentando déficits de personal en instituciones que cumplen un rol clave para la seguridad de todos los chilenos”.
Por ello, la diputada solicitó conocer las medidas de apoyo, exenciones, beneficios o convenios actualmente disponibles para postulantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, así como las eventuales coordinaciones entre ministerios para facilitar el ingreso a estas instituciones sin afectar los estándares de idoneidad y seguridad exigidos para quienes forman parte de ellas.
