El psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Núñez, alertó que la forma en que se han comunicado los recientes procesos de embargo a deudores del CAE podría tener efectos significativos en la salud mental de miles de personas, en un contexto donde Chile ya presenta uno de los escenarios más complejos de la región en esta materia.
La preocupación por el impacto psicológico de los procesos de cobro asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE) abrió un nuevo debate luego de que se viralizara el testimonio de un abogado que aseguró haber recibido consultas de personas que incluso preguntaban qué ocurriría con sus deudas en caso de quitarse la vida.
En este contexto, el psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Núñez, advirtió que el problema trasciende el ámbito financiero y podría transformarse en un factor de riesgo para la salud mental de miles de personas.
“Hay factores ambientales que se conocen como determinantes sociales o materiales de la salud mental. Muchas veces tendemos a pensar que la salud mental depende exclusivamente de características individuales, pero existen condiciones externas que pueden gatillar síntomas incluso en personas que previamente se encontraban bien”, explicó.
Según el académico, la incertidumbre económica, el temor a los embargos y la sensación de vulnerabilidad frente a instituciones del Estado constituyen elementos que generan estrés sostenido y afectan el bienestar psicológico.
“El Estado debería representar una fuente de protección y seguridad para las personas. Cuando se instala la sensación de que puede transformarse en una amenaza, eso altera la capacidad de funcionar psicológicamente de manera adecuada. Las personas permanecen en estado de alerta constante y eso afecta distintos procesos cognitivos y emocionales”, señaló.
Para Núñez, uno de los aspectos más delicados del escenario actual es que ocurre en un país que ya enfrenta una compleja situación en materia de salud mental.
“Sabemos que Chile presenta indicadores muy preocupantes y que tiene una de las peores situaciones de salud mental de la región. Sobre esa realidad se suma ahora este fenómeno, marcado por la presión económica, la incertidumbre y la sensación de alarma”, afirmó.
En ese sentido, el especialista proyecta que los efectos podrían hacerse visibles durante los próximos meses.
“No me extrañaría que esto genere, en el mediano plazo, un aumento en los niveles de ansiedad, depresión y estrés en la población. Son consecuencias esperables cuando se combinan factores económicos, incertidumbre y sensación de amenaza”, sostuvo.
El académico también manifestó preocupación por la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante un eventual incremento de consultas relacionadas con salud mental.
“La gente que comience a desarrollar nuevos síntomas o que vea agravados problemas preexistentes buscará ayuda en una red de salud que hoy ya enfrenta limitaciones importantes. Existe una menor disponibilidad de recursos y programas, por lo que podríamos encontrarnos frente a un doble problema: un aumento de las necesidades de atención y una capacidad insuficiente para responder oportunamente”, indicó.
A juicio de Núñez, el debate sobre el CAE no puede limitarse únicamente a aspectos financieros o administrativos, sino que debe incorporar el impacto que determinadas políticas públicas pueden generar en el bienestar psicológico de las personas.
“La salud mental no depende solamente de lo que ocurre dentro de cada individuo. También está profundamente influida por las condiciones sociales, económicas y ambientales. Cuando esas condiciones generan miedo, incertidumbre o desesperanza, los efectos terminan apareciendo a nivel individual y colectivo”, concluyó.
Las declaraciones del académico surgen en medio de la discusión pública por los procesos de embargo iniciados a deudores del CAE y después de que se conocieran testimonios que evidencian el nivel de angustia que la situación estaría generando en algunas personas, abriendo una nueva arista sobre las consecuencias sociales y psicológicas de la crisis de endeudamiento estudiantil en Chile.
