El diputado Bernardo Salinas Maya (PC) anunció que votará en contra del proyecto del Gobierno que busca rebajar a 13 años la edad de responsabilidad penal, asegurando que la medida carece de evidencia que respalde su eficacia y termina agravando la situación de niños y adolescentes que hoy son captados por el crimen organizado.
El parlamentario que integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, sostuvo que la iniciativa no contribuirá a disminuir la delincuencia y cuestionó que el Ejecutivo insista en una política basada en endurecer las sanciones. “Esto nosotros no lo vamos a apoyar bajo ningún punto de vista, una rebaja de responsabilidad penal a los 13 años, porque sabemos que eso tiene cero efecto, pero además doblemente golpea a un joven”, afirmó.
En esa línea, Salinas señaló que el proyecto responde a una lógica meramente punitiva y advirtió que disminuir la edad de imputabilidad implica retirar derechos a menores que aún se encuentran en pleno proceso de formación. “Una vez más el Gobierno está imponiendo su agenda punitiva. Esto de rebajar la responsabilidad penal a los 13 años a un niño, más que un adolescente, es un niño aún, de imputarlo por algún delito. Sabemos que hoy día efectivamente hay jóvenes, niños, que están siendo utilizados o que cometen delitos. Pero rebajarla, quitándoles derechos, empujándolos más a la criminalidad, siendo objeto hoy día de secuestro por hasta bandas del crimen organizado, del narcotráfico, del delito, incluso del delito común… la evidencia comparada a nivel mundial establece que eso tiene cero efecto, pero cero”, sostuvo.
Asimismo, el diputado por la Región de Coquimbo criticó que el Gobierno vuelva a impulsar iniciativas de este tipo pese a los cuestionamientos constitucionales que han recibido propuestas similares en el pasado. A su juicio, “esto solamente, como siempre, es comunicacional. Así también se ha hecho en los proyectos anteriores: querían rebajarle derechos y el Tribunal Constitucional falló que un derecho garantizado constitucionalmente, como el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, no se puede hacer”. Agregó que la propuesta “también es un castigo y doble castigo a un joven, un niño, que todavía está en su etapa de formación, que hay que invertir socialmente en ellos, darle oportunidades y no acorralarlo, no quitarle derechos”.
Finalmente, el diputado planteó que la respuesta del Estado frente a la participación de niños y adolescentes en delitos debe centrarse en la prevención y la reinserción, más que en ampliar el castigo penal. “¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Entregarle herramientas, capacidad para efectivamente reinstalarlo en el sistema educacional, darles capacidades económicas, sociales, psicosociales; incluso aquellos que están en la droga, programas que sean justamente de reinserción a la sociedad, pero jamás condenarlo como hoy día lo está haciendo el Gobierno, y lo único que establece nuevamente es su agenda punitiva”, concluyó.
