Esta semana, el Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una de las principales iniciativas del Ejecutivo. La denominada megarreforma, que contempla cambios tributarios, medidas para impulsar la inversión y un Crédito Tributario al Empleo, avanzó en su tramitación con 26 votos a favor.
El informe «Crédito Tributario al Empleo: Evidencia Internacional y Lecciones para Chile» del del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes (Uandes) sostiene que «los subsidios al empleo por el lado del empleador pueden contribuir a mejorar la formalización y el empleo, aunque sus efectos suelen ser heterogéneos y, en varios casos, modestos en relación con su costo fiscal».
Uno de los principales aspectos que destaca el estudio es el impacto sobre las finanzas públicas. Según las estimaciones del Informe Financiero de Dipres, el costo directo para el Fisco alcanzaría $668.573 millones durante el primer año y $1.541.502 millones el segundo, manteniéndose sobre el billón de pesos durante varios años. Esto en línea con las alertas que ha emitido el Consejo Fiscal Autónomo sobre la estrechez de las cuentas públicas y la viabilidad de la megarreforma.
Más formalización que empleo
Tras revisar las experiencias de Francia, Suecia, Finlandia y Colombia, el estudio concluye que los mayores efectos de este tipo de instrumentos se observan en países con altos niveles de informalidad laboral. En ese contexto, Chile presenta una posición intermedia “su informalidad es menor que la de Colombia, pero superior a la de las economías europeas analizadas, por lo que el mayor potencial del Crédito Tributario al Empleo estaría en impulsar la formalización, especialmente en sectores con alta informalidad y trabajadores de menores ingresos”, detalla el informe.
Sin embargo, el estudio advierte que el impacto sobre la creación de nuevos empleos sigue siendo incierto, su efectividad dependerá de que las empresas destinen el beneficio a contratar más trabajadores formales y no únicamente a mejorar sus márgenes o aumentar remuneraciones. Por ello, concluye que la evidencia disponible no permite anticipar con precisión la magnitud del efecto que tendría la medida sobre el empleo, por lo que sus resultados deberán evaluarse considerando tanto sus beneficios como su elevado costo fiscal.
