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Auditoría al Estado detecta más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición

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El Gobierno informó que una nueva revisión del proceso de auditoría al Estado detectó más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones y corporaciones que no cuentan con rendición acreditada entre 2022 y 2026.

Los antecedentes fueron presentados en la cuarta sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia impulsada por el Ejecutivo para revisar el uso de recursos públicos durante el período analizado.

Según informaron, la revisión identificó transferencias a entidades privadas sin fines de lucro que, pese a tener obligación de rendir los recursos recibidos, no registran acreditación suficiente en los sistemas revisados.

Además, se detectó que entre 2022 y 2026 se constituyeron 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones bajo obligación de rendir. De ese monto, más de $6.500 millones, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada. En 79 de esas entidades no existe registro alguno de rendición.

A partir de estos hallazgos, el Comité instruyó nuevas investigaciones en cuatro áreas del Estado: el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

En Energía, se revisará la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.

En Agricultura, la investigación apuntará a transferencias de recursos a organismos ejecutores, con revisión de rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, además del cumplimiento de objetivos y obligaciones.

Respecto del Ministerio de Salud, se solicitó investigar compras y contrataciones en subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras. En tanto, en la Subdere se revisarán transferencias a municipalidades y gobiernos regionales, así como los mecanismos de control, rendición y seguimiento de los fondos entregados.

Desde el Gobierno señalaron que estas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades acreditadas, pero sí alertas de riesgo que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.

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